En el esquema de la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón, Vanesa Pedraza no era una pieza menor. En la oficina del secretario de seguridad, Genaro García Luna, ella era conocida como “la mano derecha de José Antonio Polo”, el jefe de asesores del secretario. La recuerdan como una mujer bella, grácil y nerviosa. Dicen también que presumía de ser efectiva y de tener la confianza de sus jefes. Su cercanía con el secretario quedó por escrito: en septiembre de 2012, tres meses antes de que terminara el gobierno, ella publicó un libro sobre la estrategia que desarrollaban en la secretaría para combatir al narcotráfico. García Luna firmó el prólogo.
El libro era sobre un tema específico, que se convirtió en su especialidad: los exámenes de control de confianza a los empleados de la secretaría, incluyendo a la Policía Federal, el gran proyecto con el cual García Luna se vendió ante las autoridades de Estados Unidos como el hombre que sacaría a los policías mexicanos de su mala fama de corruptos y poco profesionales.
Oficialmente, Pedraza comenzó a trabajar para García Luna en 2008 y terminó en 2012, cuando él terminó su encargo como secretario. En realidad, según múltiples testimonios y documentos obtenidos para una investigación que firmé en Univision en 2019, Pedraza trabajó al menos durante un año en un doble encargo: por una parte, era directora adjunta en la SSP y, por otro, dirigía la división de control de confianza en ICIT Holding, el entramado corporativo de la familia Weinberg, los dueños de la residencia donde García Luna vivió en Miami.
Su presentación en el libro anuncia: Pedraza estaba encargada de “coordinar y dar seguimiento a proyectos en temas relacionados con la Policía Federal, las subsecretarías del Sistema Penitenciario Federal y la de Prevención y Participación Ciudadana”. Los contratos de los Weinberg durante el sexenio calderonista fueron precisamente en estas áreas de la secretaría.
Son los mismos empresarios de seguridad que han ganado millones de dólares en contratos de proveeduría de servicios, software y tecnología de seguridad con el gobierno mexicano desde hace al menos 20 años, según investigaciones federales de los últimos meses.
A mediados de 2012, Pedraza cobraba en el gobierno, pero en realidad despachaba en el segundo piso de un edificio enorme y gris en la Condesa, cuyo lobby está decorado con un cuadro del pintor oaxaqueño Fernando Andriacci. Ella no respondió solicitudes de entrevista sobre este tema en 2017, en 2019 ni para esta columna. La oficina estaba registrada como la sede de Nunvav, Inc. una discreta firma de seguridad, registrada en Panamá, con negocios en varios países de Latinoamérica. En la entrada del despacho, no había un cartel de Nunvav, sino de Icit, la otra compañía de los Weinberg.
Su declaración patrimonial y el libro que García Luna prologó dejan en claro: en septiembre de 2012, Pedraza aún era empleada de la secretaría, meses después de que trabajaba en Icit. Decenas de correos electrónicos de Icit fechados en 2012, que obtuve en 2019, mostraban cuáles eran las funciones de Pedraza allí. Se lee que ella estaba encargada de hacer trámites toxicológicos, polígrafo y evaluaba a cada candidato a ser empleado de Icit. Varios exfuncionarios me dijeron que también en la Secretaría ella supervisaba funciones relativas al control de confianza.
El vínculo con los amigos de García Luna no terminó con el gobierno. Durante los años siguientes, Nunvav continuó ganando millones de dólares en contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, según ha declarado Santiago Nieto, actual encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Un reporte de Raúl Olmos para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sumó otro hallazgo más reciente: Pedraza fue registrada en octubre de 2019, como apoderada de Nunvav. Los negocios en torno a García Luna, que se tejieron cuando él era funcionario, siguen más que vigentes.
