La inclusión de los derechos humanos en el artículo primero de la Constitución fue un parteaguas en el ejercicio del poder público, trayendo consigo la asunción de varias obligaciones a cargo del Estado.

Obligaciones que imponen a quienes están a cargo de las instituciones, a colocar al individuo en el centro de sus funciones, dirigiendo todas sus acciones hacia su protección, desarrollo y consolidación.

Así, la obligación de garantizar los derechos humanos entraña una doble función.

Por un lado, el Estado debe emplear todos los recursos que están a su alcance para asegurar que los derechos se materialicen, se vuelvan una realidad; y por otro, evitar acciones o impedir que otros sujetos las cometan, tendientes a eliminar, restringir o ponerlos en riesgo.

Lo anterior se robustece con el principio de progresividad, por el que los derechos no pueden ser disminuidos o aminorados, pues cada avance en la materia representa una conquista social frente al ejercicio concentrado del poder público.

Con base en tales reflexiones, salta a la luz la postura reduccionista del Gobierno Federal, disminuyendo el apoyo a programas sociales de primera necesidad y, en otros casos, eliminándolos por completo, no obstante, el discurso sostenido por sus ideólogos de apoyar siempre a los que menos tienen.

La justificación ha sido la supuesta operación irregular y visos de corrupción, siendo por tanto lo más efectivo eliminarlos o reducirlos; no obstante, esa postura es inhumana, ya que no toma en cuenta el impacto negativo que ello genera, especialmente para los sectores más vulnerables.

Tal es el caso del programa “comedores comunitarios”, programa que lamentablemente fue eliminado y que beneficiaba a más de 600 mil personas todos los días, con presencia en los 32 estados de la República.

En cuanto a Querétaro, se contaban con 20 comedores donde se favorecían más de 2 mil 500 personas que tenían acceso a más de 75 mil porciones mensuales.

En este sentido, la cancelación de dicho programa trae consigo un retroceso en la política alimentaria, no obstante el mandato que el artículo 4º de la Constitución le impone al Estado, en cuanto a que debe garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Así pues, como legisladora no podía permanecer indiferente ante dicha problemática, de ahí que la semana pasada presenté una iniciativa de exhorto ante la Legislatura local, para que el Gobierno Federal modifique su política presupuestal y vuelva a reactivar dicho programa social.

Sin embargo, más allá de acciones específicas, lo importante es destacar la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Pues al final, no debemos olvidar que quienes somos servidores públicos, al tomar posesión del cargo, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución; por lo que veremos si quienes están ahora en el poder, cumplirán con esa promesa o seguirán sosteniendo como en su época lo hizo el rey Luis XIV… “el Estado soy yo”.

Diputada local del PRI @AbigailArredondoRamos @AbiArredondo