El Instituto Nacional Electoral (INE) es un órgano constitucional y autónomo del sistema político mexicano. Entre los fines que la ley le confiere son los mandatos relacionados con la contribución institucional al desarrollo de la vida democrática, el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía el ejercicio libre de sus derechos político-electorales. Sin embargo, la reducción de 4 mil 913 millones de pesos realizada por la Cámara de Diputados, al monto originalmente solicitado para el Ejercicio Fiscal 2022, pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del INE establecidas en la ley, según declaraciones del consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Durante algunas semanas, esta situación ha tenido como resultado un conjunto de respuestas por parte de diferentes actores políticos. La determinación por mayoría del Consejo General del INE de posponer temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado para el ejercicio 2022. La denuncia penal interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados en contra de los 6 consejeros del INE que votaron a favor de posponer temporalmente esta consulta. El ordenamiento del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que el INE no tiene atribuciones para aplazar dicho proceso, conminándolo a cumplir con los requisitos constitucionales y legales para continuar con el mecanismo de participación directa de la revocación de mandato. Y, la elaboración de una propuesta de austeridad para el INE, no vinculante, por parte del ejecutivo federal.

Resulta sugerente el giro que está dando este debate. Pasó de la defensa de la autonomía del INE, como instancia encargada de impulsar el desarrollo de la vida democrática en nuestro país, a la protección a ultranza de salarios, estímulos y prestaciones de sus funcionarios. El INE gasta casi siete de diez pesos en este rubro. Pero, por otro lado, declara en voz de su consejero presidente que no cuenta con presupuesto suficiente para llevar a cabo el mandato que la Constitución le confiere. En este marco, muchos ciudadanos se preguntan de qué sirve contar con un Instituto Nacional Electoral más preocupado por salvaguardar los derechos laborales de su personal, que cumplir con el objetivo sustantivo para el que fue creado.

Esta circunstancia cuestiona la ética de quienes representan al INE, frente a la obligación constitucional de crear las condiciones para que la ciudadanía acceda a sus derechos político-electorales. Es evidente que no se trata de disminuir los salarios para contar con recursos y llevar a cabo la revocación de mandato, sino de modificar prácticas en las que prevalecen las prebendas de funcionarios de instancias gubernamentales y autónomas. Contribuir al fortalecimiento de principios éticos y compromiso con la ciudadanía, desembocaría en la edificación de un espacio público que potencie la vida democrática y aumente la confianza de la población en sus instituciones.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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