Las nuevas prácticas sociales de las élites políticas y económicas de México no sólo obstaculizan y socavan la formación de bienes públicos y de estructuras autónomas con miras a un interés general, sino que promueven la depredación institucional. El peñato transcurre entre el rechazo, desesperación, descontento y rencor de las mayorías, y como ocurrió con Carlos Salinas y Felipe Calderón, terminará hundido en la ignominia. Los ejemplos señalan que no puede subsanar su desprestigio. Sin preocuparse por las necesidades de la población, los regímenes neoliberales son déspotas extremos hasta el crimen despiadado en la política; inescrupulosos frente a la Constitución y las normas secundarias; genocidas en lo económico. La célebre frase del despotismo ilustrado, endosada a Federico II de Prusia, era: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. La dictadura de mercado ha reconvertido esta máxima en “todo para los mercados, pero sin el pueblo”, lo cual evidencia la pérdida de legitimidad en el contexto neoliberal del pueblo como sujeto titular de la soberanía, pues soberano es quien goza del dominio del mercado. Ésa es también la divisa de nuestros déspotas iletrados. La casta neoliberal se considera “benévola”, aplicando sus reformas sin consultar al pueblo, contra su voluntad e intereses. Enrique Peña asume lo peor de Carlos Salinas, Felipe Calderón y demás neoliberales. No se preocupa por construirse un consenso. En realidad no necesita el respaldo popular. Tiene el de los grupos de poder: la nobleza que fabricó su candidatura, apoyó ilegalmente su campaña, lo entronizó y ahora toma beneficios (los Azcárraga, Salinas, Bailleres, Fernández, Larrea, Zambrano, Bringas, Coppel, X. González, Hernández, Arango y demás oligarcas internos), el capital trasnacional, otros grupos de derecha como la Iglesia, o los aparatos represivos del Estado. Enrique Peña no es el reformador que se presume. Ellos lo impusieron para continuar su proyecto político y administrar su visión particular de desarrollo, la rampante acumulación y reproducción ampliada del capital neoliberal. Y como el demoledor de los escombros que aún quedan del viejo proyecto político que obstaculiza al “libre mercado”. El consenso y gobierno de Enrique Peña es con y para ellos.
Para visualizar lo anterior, pensemos que una de las reacciones de los ciudadanos ante la autoridad no sólo es la desconfianza a quien debe protegernos, sino el miedo y el rencor. Ante esta conducta, los responsables de los cuerpos de “seguridad” federales, estatales y municipales culpan al propio pueblo de su desgracia y tragedia. Así lo hizo ver el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Fernando Schutte Elguero, quien culpa a los grupos de derechos humanos y organizaciones civiles como instancias infiltradas por la delincuencia organizada. La realidad lo ha mostrado en las recientes apariciones de las fuerzas públicas, como en Tamazula, Durango, donde ante el desaseado y fallido operativo para la recaptura del Chapo Guzmán, la gente huyó de quienes supuestamente los deben proteger. Señalando el general que esta región del país es conflictiva y peligrosa, donde las comunidades están aliadas con la delincuencia, bufando que “si la presencia de nuestras fuerzas hace que huyan; que se vayan, ni modo. Seguramente es por alguna culpa que deben tener y temer”. Su fina y castrense intuición lo lleva a pensar que si la gente no les muestra confianza, entonces son culpables. Y lo que jamás estarán dispuestos a reconocer son los excesos, la violencia, la presión, burla y desprecio por la gente a la que dicen proteger. Los extremos están documentados y son heridas abiertas que van de los últimos dos años, desde su postura indolente en la noche trágica de Iguala, hasta Apatzingán y Tanhuato, pasando por Tlatlaya, donde decenas de civiles fueron ajusticiados por las armas del “orden”. Es claro, lo más violatorio en el mundo de los derechos humanos es el sistema económico neoliberal. Son totalmente antagónicos, se contradicen. Ya que el neoliberalismo, para imponer su hegemonía, lleva a cabo el aniquilamiento de los derechos sociales debido a la privatización del acceso a la salud, a la educación, o a la vivienda, recurre a la violencia, al exterminio de los luchadores sociales y a las masacres. El sistema neoliberal elimina derechos y servicios básicos. Para las fuerzas armadas y policiacas, la cadena de mando y obediencia es sólo una, que va desde el presidente, los gobernadores, hasta la clase política; y sólo a ellos sirven. El pueblo debe callar y obedecer.
Consejero electoral del INE.
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