Los lamentables hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, se asemejan a una noche larga, oscura e incierta que no encuentra amanecer, y que lejos de acercarse al alba, cada día se aletarga más en la penumbra de una investigación tan manoseada por las autoridades ministeriales y policiacas, las organizaciones civiles, los partidos políticos y hasta un grupo interdisciplinario de expertos independientes, pero dependientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que fueron secuestrados por policías municipales, de un gobierno de origen perredista -legitimado por Andrés Manuel López Obrador-, para ser entregados a la delincuencia organizada, que tenía contralada y sigue azotando al estado de Guerrero, es un capítulo negro en la historia de nuestro país que ya le ha costado al gobierno federal el cambio de un procurador general de justicia y el descrédito mediático promovido por los grupos de izquierda, principalmente del PRD, que falto de memoria histórica y con el cinismo que han aprendido de la doble moral panista, avienta la piedra u esconde la mano, pues basta recordar que el ex presidente municipal de Iguala, lugar donde ocurrieron los hechos delictivos, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, autores intelectuales confirmados de la desaparición y muerte de los estudiantes, son de origen perredista.

Las verdades histórica, jurídica y material han ido y venido; lamentablemente desde el punto de vista jurídico, la PGR ha modificado su discurso para tratar de satisfacer a la prensa internacional y a los padres de los estudiantes presuntamente muertos. En su momento las autoridades mexicanas aceptaron que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH, interviniera en las investigaciones ministeriales y lejos de aportar una solución al caso en concreto, se generó mayor incertidumbre y desconfianza porque los expertos internacionales vinieron a México con la intención de hacer política en contra del Estado, y fueron omisos en realizar el trabajo técnico para el que fueron asignados, según ellos por dilaciones, obstrucciones y bloqueos que sufrieron.

Por ello, varios analistas han señalado que le ha vuelto a estallar en las manos al Gobierno de Enrique Peña Nieto, este lamentable incidente que sigue sin resolverse. Y es que antes de su partida definitiva, que será en esta semana, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, de manera sorpresiva señaló que más allá del presidente municipal de Iguala y sus policías municipales, hubo conductas omisivas que han quedado sin investigar, acusando en concreto a la policía federal y al ejército mexicano.

En su momento el gobierno federal abrió las puertas a la CIDH para que ésta brindara su asistencia técnica, con la idea de asegurar la transparencia y las buenas prácticas en la investigación. Sin embargo, la actividad más política que técnica del grupo técnico, generó una ruptura a partir de la presentación de su primer informe, donde se admitía la colusión entre el cártel de Guerreros Unidos y la policía municipal de Iguala, pero ponía en entredicho el papel del ejército, además de que negaba que los cuerpos de los estudiantes hubiesen sido eliminados en el basurero de Cocula. Esta hipótesis, que iba en contra de la verdad histórica abrió aún más las heridas y politizó de manera negativa las investigaciones, lo cual sin duda fue un error garrafal de la CIDH.

Sin lugar a dudas, una investigación como la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tiene dificultades que son propias de la simple complejidad del caso. Por ello, que el grupo interdisciplinario de expertos independientes atribuya casi en exclusiva la culpa del lamentable evento a la estructura del sistema jurídico mexicano, es un desacierto que nos hace suponer que algunos actores políticos nacionales e internacionales están más interesados en provocar una ruptura de México con la CIDH, que en realidad en resolver este irrepetible episodio de la historia reciente.

Es muy lamentable que la calidad moral de la CIDH sea desacreditada por el propio grupo de expertos que ellos enviaron, y que se convirtieron en un elemento de polarización política en contra de México y sus instituciones.