Reconocida ya al interior del gobierno como la “crisis más grave” que hayan enfrentado en estos 11 meses, lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, sacudió fuertemente a la administración del presidente López Obrador, al grado de que anoche fuentes bien informadas del Palacio Nacional, aseguraban que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, le presentó su renuncia al mandatario pero que éste decidió no aceptarla.
Y es que más allá de argumentos, pretextos y justificaciones que se invoquen —sean de “privilegiar la paz”, “salvar vidas” o “hacer las cosas diferente”— la crisis de Culiacán representa un hecho sin precedentes que marcará un antes y un después en la llamada Cuarta Transformación y que, a querer o no, provoca un daño incuestionable a la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo ante los mexicanos, sino ante el mundo.
Ningún jefe de Estado al que un grupo armado, sea criminal o subversivo, lo desafíe de esa manera, le secuestren y le maten cruelmente a soldados y le tomen una ciudad entera, y como única respuesta a todo eso decida finalmente rendirse y entregar a un presunto delincuente al que tenían copado y detenido, saldrá bien librado de una decisión tan difícil como polémica. Primero porque renuncia a su principal obligación y facultad, que es la de garantizar la seguridad de sus gobernados, con la aplicación de la ley y del monopolio de la fuerza que esa misma ley le concede; y segundo porque la población no lo eligió para ser sólo un predicador que proclama la paz y la no violencia con muy buenas intenciones, pero no demuestra que esté tomando acciones reales, contundentes y necesarias para garantizar esa paz, más allá de plegarse o rendirse ante los criminales.
Al impacto de la orden presidencial del jueves por la noche, porque la decisión de rendir y retirar al Ejército entregando a Ovidio Guzmán al Cártel de Sinaloa no pudo ser de nadie más que del presidente como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se suma el error garrafal de un pésimo operativo, mal planeado y peor ejecutado, que decidió mandar a una de las plazas más importantes del narcotráfico, cuna del Cártel del Pacífico, a 25 soldados para cumplir una orden de aprehensión —hoy se sabe que con fines de extradición a los Estados Unidos— en contra de un desconocido hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, lo que terminó desatando la peor crisis de seguridad que se recuerde en los últimos años y una solución que también es tan controvertida como inédita.
Si el Presidente decide no aceptar las renuncias, si es que se presentaron, de sus titulares del gabinete de seguridad, no por la decisión que él tomó y respaldó de abortar la detención de un presunto criminal, sino por la planeación y ejecución equivocada de un operativo judicial y militar que terminó en crisis y le costó la vida a algunos soldados secuestrados y masacrados por los sicarios del crimen organizado, entonces el daño será mayor y total para el mismo jefe del Ejecutivo, porque al no haber otros responsables de una crisis que pudo haberse evitado, inevitablemente el único responsable será el presidente López Obrador.
¿CAMBIO NECESARIO DE ESTRATEGIA O CONVICCIÓN DOCTRINARIA?
El efecto de desgaste, a tan sólo unas horas de lo ocurrido, ya se siente en una estrategia de seguridad que perderá toda confianza y certidumbre no sólo de los mexicanos sino también de otros países donde deja la percepción de un gobierno rebasado y sometido por la delincuencia. Ya comenzaron las voces, dentro y fuera del mismo gobierno y de la 4T, a sugerir o reclamar un “cambio urgente” una “rectificación” o un “golpe de timón” a la fallida estrategia de este gobierno que ayer sucumbió y se hundió junto con la dignidad de las fuerzas armadas, obligadas a rendirse, a capitular y hasta a saludar de mano a los criminales.
Lo mismo empresarios de las cúpulas, opositores y analistas, que el líder de la mayoría oficial del Senado, Ricardo Monreal, hablaron en distintos tonos de la necesidad de “revisar” el plan de seguridad y la estrategia que se ha trazado el gobierno de López Obrador para lograr la prometida y anhelada “pacificación del país”. Si esa estrategia no es modificada o cambiada de inmediato y si persiste el discurso de “las convicciones” casi doctrinarias y la terquedad de decirse “diferentes” a gobiernos anteriores, sin demostrar con hechos y estadísticas que esa diferencia realmente está mejorando la inseguridad y la violencia, el pronóstico para el gobierno y para el país entero es aterrador.
Porque cuando se habla de “cambiar la estrategia” no necesariamente se aboga por una salida exclusivamente de fuerza o una respuesta violenta, como la que quiere evitar a toda costa el Presidente, sino por muchas otras medidas, de inteligencia y coordinación intergubernamental, de golpes financieros contundentes a los cárteles y de decomisos patrimoniales y desmantelamiento de la red de narcopolítica y narcoempresarial que lava las millonarias ganancias del crimen organizado mexicano.
Aunque lo quiera ver o no, aunque insista en que “vamos muy bien” y que no va a hacer las cosas de otra manera, la seguridad ya no sólo es el problema mayor y prioritario que enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir del “jueves negro” en Culiacán y de la decisión presidencial de replegar, rendir y capitular al Ejército y con él a la fuerza del Estado mexicano, la seguridad de los mexicanos se convirtió en un tema de emergencia nacional para este gobierno, la obligación más apremiante que, ni sus aeropuertos, refinerías o apoyos sociales van a impedir que derrumbe a todo un proyecto político de transformación, con toda su popularidad y respaldo social, si no es atendido con seriedad y eficiencia.
Y para hacerlo, algo distinto y realmente efectivo tendrán que idear, porque esta semana violenta que tuvimos en el país, cerrada con la peor crisis que haya enfrentado este gobierno, dejan muy claro que ya no les va alcanzar sólo con un discurso retórico a favor de la paz y con reuniones muy tempranas del gabinete de seguridad... Los dados mandan Escalera doble. Para salir de esta semana.
