¿Cómo reaccionaría usted si, de un día para otro, llegan a su colonia, fraccionamiento o condominio unas 300 o 400 personas que no conoce? Su presidente de colonos le dice que debe atenderlos, darles de comer, un lugar para dormir, agua para bañarse y atención médica.

Agreguemos a este ficticio escenario que nadie, absolutamente nadie le ayuda económicamente para brindar este apoyo que representa un gasto diario de sus recursos.

Y para rematar este panorama, sucede que usted sorprende a una de estas personas robando en una de las casas del vecindario, destruyendo su jardín o consumiendo bebidas alcohólicas o alguna droga no legal.

¿Qué pasaría? ¿Se imagina cómo respondería?

Supongamos que se enoja y pide al presidente de colonos y a la autoridad gubernamental que intervengan; ya sea que proporcionen dinero para solventar los gastos que genera la intempestiva llegada de este grupo de personas, sea que ellos los atiendan directamente o, de plano, demandar que los lleven a otro lado.

Pero no hay respuesta. Nadie lo escucha, nadie hace algo para solventar la situación y, de pilón, lo acusan de no ser solidario ni humanitario y le demandan, además, no causarles daño alguno.

Indiferencia gubernamental

Este panorama, pero en mayor dimensión, se vive en estos días en la ciudad de Tijuana, a la que han arribado —hasta ahora— alrededor de 6 mil centroamericanos que pretenden pasar a Estados Unidos, pero que mientras logran su cometido, permanecen en esta ciudad fronteriza.

A excepción del día en que el primer grupo de centroamericanos ingresó a nuestro país, el gobierno mexicano no se ha pronunciado en torno a la Caravana Migrante. Nada ha dicho y nada ha hecho al respecto.

En lo único que expresó una postura fue en permitir que estos miles de migrantes ingresaran a México sin cumplir con los requisitos legales para tal efecto. De ahí en fuera, ha dejado todo en manos de los gobiernos estatales por donde ha pasado este grupo de personas.

En Querétaro, por ejemplo, se aplicó una estrategia pulcra y humanitaria, al recibir a los migrantes en las orillas de las ciudades de San Juan del Río y Querétaro; se brindó todo el apoyo posible y pasaron sin problema a tierras guanajuatenses.

Sin embargo, el conflicto está en Tijuana, ciudad en la que llevan una semana de estancia (en Querétaro apenas cumplieron un par de días).

El alcalde de este municipio californiano, Juan Manuel Gastélum, ha insistido en que la ciudad no está contenta con la caravana de migrantes, amén de referir que no cuentan con finanzas para brindar alimento y alojo a los miles de personas que intempestivamente llegaron.

Sin salida

Me parece que resulta muy fácil pero también irresponsable, acusar a los tijuanenses de xenófobos, es decir, que odian a los extranjeros. Nada más fuera de la realidad. Recordemos que fue esta ciudad que, en meses pasados, abrió sus puertas y acogió a unos 3 mil haitianos que llegaron procedentes de Brasil, para intentar pasar a Estados Unidos. Al no lograr el cruce previsto, se quedaron en esta localidad sin problema alguno.

Es claro que ahora el conflicto es diferente pues no se cuenta con el apoyo del gobierno federal (ni el actual, ni el entrante), es al menos el doble de personas que han llegado en comparación con los haitianos; prácticamente vienen en condiciones de pobreza (los haitianos traían dinero obtenido de su trabajo en Sudamérica) y no hay recursos para atenderlos por semanas e incluso meses, mientras realizan su trámite de asilo en tierras norteamericanas.

La crisis que vive Tijuana puede escalar los niveles de violencia, como se mostró por el choque que se suscitó el domingo, entre migrantes y policías mexicanos. Por eso es urgente que se concrete una política clara del gobierno mexicano que brinde apoyo humanitario a los centroamericanos, que no afecte a los tijuanenses y que tenga una salida clara para el país y para los migrantes. A menos que se piense convencer a Trump para que los deje entrar a Estados Unidos.

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