La Fiscalía de Querétaro informó de la detención y vinculación a proceso de varias mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo y a las que acusa de causar daños en el Centro Histórico. Considero que estas detenciones son equivalentes a acercar chispas a un barril de pólvora. Me explico.

El gobierno de Pancho Domínguez tuvo la oportunidad de trabajar en la erradicación de la violencia feminicida desde el inicio de su administración, un problema heredado de la administración de José Calzada. Sin embargo, su respuesta fue ínfima por no llamarle cosmética, nunca ha mostrado interés, mucho menos voluntad política, para trabajar con seriedad en la erradicación de la violencia contra las mujeres que sigue aumentado en Querétaro. El caso de Nancy, quien escribió pidiéndole ayuda porque temía ser asesinada es una muestra de ello.

En Querétaro, de enero a mayo, sólo se han iniciado 5 carpetas de investigación por feminicidio. Somos 1er. lugar nacional en lesiones dolosas por cada 100 mil mujeres con un total de 1,016 carpetas de investigación abiertas por este delito; se han abierto 1,538 carpetas por violencia familiar, 283 por violación, 60 por abuso sexual y 158 por acoso sexual.

A pesar de ello y ante los reclamos de las mujeres agredidas, el Gobierno de Querétaro ha decidido emplear la desacreditación social, la persecución judicial y la criminalización de la protesta para sofocar a un sector del movimiento feminista que recurre a medidas “extremas” contra la epidemia de violencia contra las mujeres que ha resultado en más de 20 mil desaparecidas y 10 asesinadas en promedio cada día en el territorio nacional.

La negligencia en el actuar de las autoridades, la ausencia de políticas públicas estructurales, la corrupción e impunidad en la procuración e impartición de justicia y una legislación, que criminaliza a las mujeres que exigen vivir libres de violencia son las causas de la protesta feminista y, con sus acciones, el Gobernador escala el descontento de las mujeres inconformes, a las que las autoridades tachan de vándalas, manipuladas o infiltradas cuando no actúan con docilidad y pasividad.

En tanto las autoridades no comprendan que el movimiento amplio de mujeres es horizontal, sin líderes jerárquicas y extendido por todo el territorio nacional, tampoco comprenderán que las persecuciones judiciales emprendidas por la administración estatal y la Fiscalía General del Estado de Querétaro en contra de mujeres jóvenes, incluso menores de edad, que participaron en la marcha del 8 de marzo, convierten a cualquier joven feminista en una activista en potencia.

Si se criminaliza la protesta, el estado estará sentado en un barril de pólvora que se puede prender a la menor chispa, porque, igual que ha ocurrido en otros estados de la República, el brazo más vehemente del movimiento feminista manifestará su apoyo decidido de las mujeres, en especial de aquellas que son perseguidas por exigir justicia.

Directora Regional del Centro Latinoamericano para La Paz, la Cooperación y el Desarrollo (CELAPAZ) 
e integrante de la Red Nacional de Alertistas. 
Twitter: @mcruzocampo 
Fb: maricruz.ocampo

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