La creación del Banco Estatal de Querétaro

Arnulfo Moya Vargas

Los límites y alcances económicos de nuestro estado de Querétaro hacen necesaria la creación de un Banco Estatal que tenga como propósito esencial la financiación de las áreas estratégicas y prioritarias. Si las instituciones son las reglas que definen el campo de acción de los individuos y grupos, en el terreno económico Querétaro no puede estar a expensas solamente de una política presupuestaria condicionada por la Federación. Tampoco puede depender de un presupuesto estatal que si bien ha crecido en los últimos años, y con sus altas y sus bajas ha propiciado el crecimiento positivo, ello no significa que no tenga insuficiencias como las que se han conocido en las últimas semanas en materia de financiación del sistema de pensiones, de apoyo a la educación superior —en concreto la UAQ—, y el reto de la pobreza que se incrementa entre los queretanos.

Un banco propiedad del estado de Querétaro no significa agregar un competidor más al mercado del crédito. Ni tampoco para jugar con la economía de los queretanos. Menos aún que sea una caja de financiación de las obras suntuarias y faraónicas tan comunes en el país y algunas que por excepción nos han heredado algunos políticos de ocasión. No sería una versión local del Banco Central. Sería una institución que respetando las reglas más rigurosas de la contabilidad, sin injerencias partidistas, permitiera a las instituciones públicas y a los habitantes tener un instrumento más de financiación del desarrollo local.

Su origen debe ser de una ley que establezca los fines y propósitos específicos de un banco cuya particularidad no sea el lucro privado sino el lucro público, es decir, la categoría especial del lucro es esencial. En el sistema actual la banca privada se distingue por el lucro privado, maximizar su beneficio de los dineros que maneja; en el caso del banco que se propone sería maximizar el desarrollo y la apuesta por los proyectos productivos con enfoque social y público. Esta tarea es esencial dado que no existe en el país un sistema de la banca que cubra esta necesidad de los estados y municipios.

En relación al ámbito territorial su esfera de competencia tendría que estar delimitada por el territorio del estado. No será deseable ni factible que fuera de Querétaro se asumieran proyectos o acciones que no tuvieran un beneficio para los habitantes del estado. Este exclusivismo territorial y poblacional se entiende sobre la base de que el centro de sus acciones deberá estar enfocado a un sujeto político en concreto, que es el estado de Querétaro.

En cuanto a la forma de la institución deberá tener un sistema de gobierno que integre al gobierno estatal, el peso de los municipios y de los poderes Legislativo y Judicial. También sería deseable la representación de un miembro o consejero de la Federación y de la representación de la sociedad civil. Un sistema de gobierno colegiado pero con una representación que no fragmente la autoridad para el propósito de actuar con agilidad y eficiencia como lo requieren este tipo de instituciones. Debe evitarse que esta institución se convierta en la arena de la lucha partidista y política.

En la vida diaria esta institución en primera instancia debería funcionar con la dimensión de un banco privado que se encargue del manejo de los dineros de la Hacienda Pública estatal; encargado de la recepción de los ingresos por impuestos derechos, aprovechamientos, multas y participaciones, entre otros. Además de ser el encargado del sistema de pagos con cargo al gobierno estatal. En las funciones anteriores tendría secciones para los municipios y los poderes estatales de tal manera que se dejaría atrás la contratación y subcontratación de servicios de manejo de cuentas a cargo de la banca privada.

Tendría además las funciones típicas de un banco normal y abiertas al público que deseara hacer uso de sus derechos bancarios sin que las operaciones de los particulares tuvieran que ver con el ámbito público, es decir, tendría una dimensión como las de los bancos privados que funcionan en todo el mundo con las operaciones de financiación privadas.

Sin embargo en la dimensión pública el banco estatal que se propone perseguiría evitar lo que hoy ocurre con todos los gobiernos estatales: que se hallan mediatizados por la banca privada y la pública para poder acceder al crédito o a la financiación de proyectos de gran relieve. Además el manejo de los dineros de la propia Hacienda Pública estatal le darían a la entidad una fuerza propia para ser un sujeto de crédito ante la banca internacional y evitando la aduana del sistema bancario privado.

Tendrían que ser las autoridades locales quienes deberían iniciar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda del gobierno federal para obtener la autorización de operación y la emisión de las reglas bancarias que tendría que aplicar una institución como la que se propone.

Abogado

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