28 / septiembre / 2021 | 17:43 hrs.

La consulta del 1 de agosto y la revisión del pasado

Ángel Balderas

Investigar a presidentes o expresidentes por hechos delictivos debería ser algo normal. Sin embargo, eso depende de la historia de cada país. Lo bueno de investigar y juzgar a altos mandatarios es que se envía un mensaje de no impunidad tanto para el presente como para el futuro. Esto, que es normal en muchos países, no lo es en México, en donde 70 años de poder casi omnipotente de un partido casi único distorsionaron muchos valores democráticos, entre ellos el otorgamiento de fuero, en los hechos, para muchos miembros del poder ejecutivo.

Los expresidentes deberían haber sido juzgados en su momento, lo que en México era impensable, con un poder ejecutivo aplastante por encima de los poderes legislativo y judicial, cuyos miembros estaban más al servicio del poder ejecutivo en turno. En la época del PRI era impensable que fiscales o procuradores llamaran a cuenta al presidente en turno o incluso a expresidentes.

Carlos Salinas debería haber sido investigado y, en su caso, juzgado y castigado en su sexenio, si hubiéramos tenido un poder judicial realmente autónomo. En su caso, debería haber sido investigado en el sexenio de su sucesor, Ernesto Zedillo, cuando las cosas estaban frescas y lo mismo se puede decir de Vicente Fox que nunca promovió ninguna investigación en contra de Zedillo y así hasta llegar al momento actual en el que, por primera vez en la historia de este país, se debate abiertamente sobre el investigar y en su caso juzgar a expresidentes o si la sociedad prefiere una especie de punto final sobre sexenios anteriores, en aras de sólo ver hacia adelante.

Es evidente que el padre de las privatizaciones de más de mil empresas paraestatales, Carlos Salinas, debería ser investigado por este hecho, para saber si por debajo del agua recibió dinero o participación en las empresas que él mismo ordenó privatizar, corrupción muy usual en los regímenes neoliberales en los que altos funcionarios de los gobiernos en turno promovían o permitían la privatización de empresas estatales con el fin de enriquecerse o enriquecer a socios, amigos o familiares.

A muchos nos gustaría saber porque Salinas privatizó una empresa sana como Teléfonos de México, que aportaba ganancias al estado o por qué Zedillo entregó concesiones de ferrocarriles a empresas como la norteamericana Union Pacific y luego se integró como miembro del consejo de administración de dicha empresa, el mismo caso que Felipe Calderón con la empresa española Iberdrola. O nos gustaría saber porque Vicente Fox favoreció al “banquero” Roberto Hernández con el no pago de impuestos por 35 mil millones de pesos por la venta de Banamex a Citigroup. Igual nos gustaría saber si Enrique Peña Nieto se favoreció con los sobornos de Odebrecht.

En cada caso, el daño al erario fue evidente y si nos gustaría saber, por eso saldremos a votar sí este próximo 1 de agosto.

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