En el entorno de Constitución centenaria, hay que decir que se sigue celebrando en Querétaro su hechura y su histórico aporte a la vida institucional de México, para bien.

Cada 5 de febrero se reflexiona sobre su vigencia o respeto de la necesidad de una nueva Constitución; esa tentación del poder siempre ha estado latente en una suerte de querer emular el Congreso Constituyente que Carranza impulsó hace más de cien años.

¡Claro que la Constitución está vigente! ¡Vigente jurídicamente y también socialmente! Sin embargo, debemos anotar que México no ha tenido en sí “varias constituciones”, sino una sola que se ha reformado en distintas etapas de la historia desde 1824 cuando se debatía la nación entre un México federalista o centralista. El principio constitucional de unicidad, nos dice que la Carta Magna no es abrogable, es decir, puede reformarse de acuerdo a la realidad social.

También creo que la Constitución no debe reformarse en un cien por ciento de un día para otro; por eso, sus artículos y sus capítulos son modificables gradualmente y de acuerdo a los cambios que México requiere para avanzar en distintos temas para su desarrollo.

De hecho técnicamente no puede haber “una nueva Constitución”, porque es una, y lo que pueden básicamente hacerse son “nuevas reformas” a la ley fundamental, sin romper con sus principios, los derechos humanos y fundamentales, así como las instituciones democráticas en México.

Podemos decir que en la parte orgánica de la Constitución, soy de quienes piensan que deben actualizarse distintas instituciones como el Congreso de la Unión que es un animal pesado, lento como paquidermo cansado y poco eficaz. Una iniciativa de un solo legislador o un grupo de ellos, tarda meses o años en aprobarse o discutirse en comisión o en pleno en una sola cámara, y después, hay que ir a la otra cámara para que siga su curso. Si las iniciativas de Ley no son parte de la agenda del ejecutivo o duermen el sueño de los justos o tardan años en ponerse en turno y agendarse.

Soy de la corriente de quienes creen que el sistema bicameral en México, está obsoleto. Una sola Cámara depositada en un Congreso o Asamblea Nacional podría contener 300 representantes por mayoría relativa; 100 plurinominales y 100 legisladores representando a las entidades federativas, tal y como es la función del Senado. En resumidas cuentas, 500 legisladores, con un ahorro de 128 legisladores y en donde los procesos legislativos pudieran ser más fluidos y eficientes.

Igual, el Poder Judicial, sin supeditarse a ningún órgano jurisdiccional, desde mi perspectiva debería transitar hacia un Tribunal Constitucional que fortaleciera los temas garantistas y de derechos humanos.

Del Ejecutivo, desde el Huey Tlatoani, estamos hechos a una “unipersonalidad, y eso está bien, sin embargo, podríamos emprender un camino hacia los gobiernos de coalición que ya contempla la Constitución o al semiparlamentarismo con mayor participación y presencia del Ejecutivo en el en parlamento mexicano.

Todo ello, si representaría un cambio de régimen y una actualización institucional en el funcionamiento del gobierno; así como la revisión y fusión de algunos organismos autónomos y el fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos como funciona en el sistema Interamericano con una Corte.

Si bien, eso implica modificaciones “extremas”; estoy seguro que ello refrescaría las instituciones que sin duda trascienden más allá de las personas, y ahí está de testigo histórico Don Venustiano, el hombre sí, pero también el constructor del proyecto político, institucional y social de México.

Doctor en Derecho. @BraulioPRI

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