La Constitución ha muerto

La Constitución ha muerto, la pregunta sería ¿quién la mato? Hay varias hipótesis, todas llevan y apuntan al mismo lugar: la clase política.

A 111 años de su publicación, el artículo de los hermanos Flores Magón continúa vigente ya que hoy vemos con indignación como se lacera a nuestra patria, nuestros derechos, nuestra integridad, nuestros recursos y se empeña el futuro de los mexicanos.

Así como la Constitución de 1857 fue la crónica de una muerte anunciada, hoy vemos sin reparo los despojos de la promulgada en 1917. Cuando nació destacaba por su progresismo y gran aportación jurídica por ser la primera en el mundo en incluir derechos sociales, incluso antes de la Constitución de Weimar de 1919 en la vieja Alemania. Lo que queda de la actual Constitución, es debido a la deplorable voracidad de la corrupción y la mezquindad de la cleptocracia y su aliada inseparable, la ineptocracia. La Ley fundamental del Estado posrevolucionario quedó vacía del sentido y el contenido originales.

Pero las leyes no son culpables, culpables son quienes las ejercen, aplican, se benefician y manipulan a su antojo. A ello ayuda en mucho la indiferencia de millones de mexicanos, que generación tras generación como un cáncer heredado, son manipulados ideológicamente, y dejan realizar el embargo autoritario de los valores, principios y riqueza nacional fundamentales.

La Constitución ha sido en cada sexenio trastocada y violada en sus principios más básicos, al grado de tener más peso los reglamentos y leyes secundarias. Ahí está la importancia de su aprobación y aplicación en materia de telecomunicaciones, energía y petróleo, ya que estos instrumentos propician saqueo, enriquecimiento inmoral, discrecionalidad, corrupción disfrazada de altos negocios. No debe haber testigos fuera de palacio o de las cámaras, por ello en calendario futbolero discurrirá la enajenación de los bienes nacionales a manos privadas, sin la presencia del pueblo.

En nuestras leyes constitucionales vigentes, encontramos ya el abandono creciente de la responsabilidad social del Estado, la apertura ilógica y apátrida que favorece a los capitales e intereses extranjeros, la entrega indiscriminada e ilegal de los recursos nacionales, mismos que no son propiedad del Ejecutivo o del Legislativo, y ello en beneficio de una minoría. Esto sin contar la reducción del Estado a su mínima expresión, renunciando a responsabilidades básicas, como la de seguridad, educación y salud.

La clase política habla de la Constitución refiriéndose a la Asamblea Constituyente de Querétaro, y no a las modificaciones y reformas que han acordado con las poderosas trasnacionales y el poder imperial. Las llamadas reformas estructurales aprobadas y ahora por reglamentar se contraponen con la visión del pacto social con que la Constitución fue creada. Qué lejos están los congresistas del Pacto por México de los miembros del Constituyente del 17, quienes tardaron un año para crear la ley fundamental que le dio sentido y vereda a la construcción de México. Por eso para millones de mexicanos, los “representantes populares” enriquecidos y sirvientes de la élite en turno, son traidores a la patria. Su servilismo, cortesano de los intereses del presidencialismo imperial, nos hacen recordar una vieja imagen que data de 1903 y que curiosamente coadyuvó en el surgimiento del movimiento social revolucionario que terminaría su primera fase precisamente con la Constitución de 1917, que ahora es enterrada entre vítores futboleros y encerronas legislativas.

Adolfo Gilly señaló “la Constitución de 1917 ha sido destruida en sus esencias. Tenemos en México muchas leyes. Pero hoy México es un país sin ley, que ha desprotegido a los trabajadores del campo y de la ciudad (…) Destruidos en su esencia los pilares de la Constitución de 1917 (el artículo 27 y su corolario, el 28; el 3º y 123), se abren las compuertas para que México se vea atraído como país satélite de EU”. Arnaldo Córdova, sostuvo “la Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos”. Es claro, Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917.

 

Consejero Electoral Instituto Nacional Electoral

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