La necesidad de actualización de la Constitución ha prevalecido al grado de que se le han practicado un sinnúmero de reformas que la hacen prácticamente intransitable. Las propuestas de cambio van desde un reordenamiento hasta un Congreso Constituyente. El pasado 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, el presidente hizo un guiño a esta posibilidad: “Cuando entreguemos nosotros la estafeta para las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar a un nuevo Constituyente y elaborar una cuarta Constitución? porque los que son maestros en este tema, hablan de que ya son demasiadas las reformas”.

El presidente ha declarado que no buscará reformas mayores al principio de su gobierno, sólo las necesarias para cumplir con prioridades urgentes. No obstante, la posibilidad constituyente está al alcance. Sea como sea, la pregunta principal es qué carta de navegación sería deseable para el futuro y si los deseos son realistas.

El mascarón de proa de la nave política ya está inscrito en el Capítulo primero; son los derechos humanos incorporados en 2011. Sin duda habría que perfeccionar su descripción y, sobre todo, el mandato y procedimientos básicos de su cumplimiento a todas las autoridades del país. Es la innovación política más trascendente de la segunda mitad del siglo XX y fundamento del constitucionalismo del siglo XXI.

En la nave estatal deben perfeccionarse la definición y separación de poderes, y la distribución de facultades y concurrencias de niveles de gobierno. Se requieren nuevas distribuciones de responsabilidades, en particular debería tomarse en serio la reforma del omnímodo Poder Ejecutivo en favor de todo el arco de poderes; del Congreso y la procuración e impartición de justicia muy en particular, pero también de los estados, de mayor poder y eficacia de las legislaturas y judicaturas ante los gobernadores, y mayores capacidades a los municipios. En la corriente inversa, la de abajo hacia arriba, el sistema de gobierno requiere una potente inyección de participación ciudadana continua a través de nuevas formas de exigencia, participación y toma de decisiones en los asuntos vitales de la convivencia territorial. Ni un paso atrás en democracia constitucional. Esperemos que existan las fuerzas que lo puedan defender. Por eso la convocatoria al debate y modificación de la Constitución, si la hay, deberá ser plural e incluyente.