La caricatura de Chucho Rodríguez

César Lachira Sáenz

Vaya que la confrontación al interior del PRI ha sido llevada a la caricatura, cuyo personaje principal lo es Jesús Rodríguez Hernández, quien aparece como un observador preocupado por el problema del transporte, especialmente de Red-Q.

El argumento de fondo es el fracaso del programa de transporte que se implementó en la actual administración y ha sido uno de los talones de Aquiles que cada día parece profundizarse. El ataque directo al gobierno denota un cambio en la estrategia política, pues va directa y abiertamente sobre un programa que debió haberse constituido en una solución de la cual se podía presumir.

Nos habíamos acostumbrado a que fuera la oposición (PAN-PRD) quien hacía este tipo de ataque, pero ahora viene de la misma casa, habrá que esperar la reacción del secretario de Gobierno, quien ha sido un firme defensor del programa, no vaya ser que acuse a Jesús Rodríguez de estar hablando mal del gobierno y quiera repetir la dosis de amenaza que le aplicaron al periodista Juan Manuel Azua.

Lo que si queda claro, es que Jesús Rodríguez va con todo, no importa quien se cruce en el camino, finalmente los amigos de Hidalgo y del Estado de México lo están respaldando, y son ellos los que toman las grandes decisiones.

SÍ SOY YO: JORGE LÓPEZ PORTILLO

El secretario de gobierno Jorge López Portillo acepto que es su voz la que se escucha en las grabaciones difundidas en redes sociales en días pasado y que comentamos desde ésta columna.

A pregunta de la prensa expresó: “Lamento haber hecho esta expresión incorrecta, en este sentido, el gobierno del estado, en particular el secretario de Gobierno, yo me declaro absolutamente respetuoso de los medios de comunicación” Nos preguntamos ¿será suficiente una disculpa? La respuesta es no.

Es claro que un funcionario de la talla de un secretario de Gobierno no puede tratar de esta manera a los periodistas. Las amenazas dejan claro la intención de mantener un control sobre los periodistas y de lo que se debe informar. Por otro lado el trato despectivo de gay y el etiquetamiento de “putarraco” nos muestran una falta de respeto a la comunidad homosexual, por tanto discriminatoria.

Lo comentábamos que después de este suceso ya nada sería igual, hay pérdida de confianza  y por tanto de legitimidad. No es creíble que  manifieste que su oficina está comprometida con el respeto a los medios de comunicación, cuando en realidad hace lo contrario (escuchar audio).

De los delitos que se le pueden atribuir es la violación del art. 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la libertad de expresión;  violación al Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.

El gobernador José Calzada quedo en dar una respuesta al hecho, le ha de ser difícil tomar una decisión a estas alturas del camino y sobre todo sustituir al hombre de su mayor confianza, como es el secretario de Gobierno.

Ahora habrá que esperar la posición del PRI, porque Tonatiuh Salinas la había pospuesto hasta verificar la autenticidad del audio, y ahora que Jorge López Portillo aceptó que es su voz, no existe justificación para no hacerlo.

Claro a todas luces es condenable el espionaje telefónico, y sabemos que se hace a diario, en funcionarios públicos, políticos de la oposición y del gobierno, periodistas y cualquier ciudadano que sea considerado una  “amenaza” al sistema, incluso algunos gobernadores aceptaron que se espían con el fin de resguardar la seguridad del estado.

EL GOBERNADOR QUE ESPIABA

En la memoria histórica recordamos cuando el gobernador Ignacio Loyola Vera aceptó que espiaba a los partidos políticos y a la universidad, porque si no, no se tendría gobernabilidad. Asimismo,  reafirmó sus declaraciones en los medios y lamentó que no se permitiera intervenir llamadas telefónicas de gente problemática.

Vaya que el anecdótico gobernador Ignacio Loyola daba cada chascarrillo que luego se arrepentía, incluso le puso nombre a los “pájaros en el alambre”: el perico Blas.

En ese entonces se aceptó que en la secretaria de Gobierno, cuya encargada era Guadalupe Murguía, la existencia de un Centro de Inteligencia que contaba con 30 personas al mando de Raymundo Gómez, en ese entonces sub secretario de Desarrollo Político, destinadas a la escucha de lo que sucedía en la calle.

Fue tal el escandalo a nivel nacional que  la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) citó a declarar al gobernador en relación a sus actividades de inteligencia y espionaje desde su gobierno.

Como se aprecia desde la secretaria de Gobierno se impulsa la llamada “inteligencia de la información”, lo malo del caso es que ahora el espiador se ve espiado, y lo peor que le puede pasar es que su propia gente pueda estar involucrada.

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