No es usual que un secretario de Hacienda se comunique con un diputado para decirle que le interesa financiar su proyecto. Generalmente es al revés: el legislador batalla, presiona, pide, suplica, amaga, lo que sea con tal de conseguir dinero para alguno de sus planes.

Pero sucedió el pasado 3 de febrero. El diputado por el naciente y polémico Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar, presidente de la Comisión de Migración de la Cámara Baja, recibió la llamada de José Antonio Meade, secretario de Hacienda.

Un día antes, el 2 de febrero, el diputado Guízar recogió una añeja propuesta de empresarios y activistas de los estados del norte del país para crear un Fondo de Migralidad —llámele una “Bolsa antiTrump”— que compense a las entidades que reciben a los mexicanos deportados, máxime que ahora se sabe que el nuevo presidente de Estados Unidos tiene intenciones de empezar a arrojar gente a México.

No es para menos. En números cerrados, en 2015 México recibió a 330 mil personas deportadas. Y en 2016, a 220 mil. En lo que va de la era Trump la cantidad no se ha disparado, pero se teme que suceda ahora que empiezan a implementarse sus órdenes ejecutivas sobre migración.

La iniciativa de Ley del Fondo de Migralidad —inspirada en el Fondo de Capitalidad que recibe por aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales la Ciudad de México en pago a los perjuicios que sufre por ser la capital del país— fue bien recibida por la treintena de integrantes de esa Comisión y también por los partidos representados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Contempla la asignación, a partir de 2018, de mil millones de pesos que se distribuyan entre los estados receptores de manera proporcional al número de ciudadanos deportados que reciban.

De tal suerte que, en números gruesos, Baja California se quedaría con 30% del dinero, Tamaulipas con otro 30%, Coahuila y Chihuahua compartirían 30% y el 10% restante se dividiría entre Sonora y la Ciudad de México.

(Es claro que la capital nacional no califica como estado  norteño, pero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegan tres vuelos semanales de ciudadanos deportados, unas 500 personas a la semana, que son las que experimentan el peor de los escenarios: porque si a un migrante lo deportan a la frontera, ahí luego luego vuelve a intentar cruzar del otro lado; pero si lo envían hasta el centro del país, y además sin dinero, la perspectiva se le complica y el drama se recrudece).

En la llamada, el secretario del gabinete del presidente Peña Nieto y el líder de la comisión camaral acordaron una mesa de negociación para incluir el rubro en el presupuesto que empieza a discutirse en septiembre. Claro, siempre y cuando los legisladores aprueben esta iniciativa —el asunto se antoja un mero trámite, considerando lo encendido que está el tema migratorio en la opinión pública—, cosa que se espera suceda a más tardar en abril.