En 1982, José López Portillo decretó la expropiación de la banca privada, sin incluir a la banca extranjera, por ello le llamó “estatización de la banca”. Algunos argumentos esgrimidos fueron los siguientes:

—Estos bancos habían obtenido ganancias excesivas en la prestación de servicios públicos concesionados.

—Habían creado fenómenos monopólicos con dinero aportado por el público.

—El crédito seguía concentrado hacia las altas empresas y no llegaba oportuno y barato hacia el pueblo.

La “estatización” señalada incluyó a 49 instituciones de crédito.

¿Pues qué creen?  Hasta este 2018 se repite el mismo fenómeno, sólo con una pequeña agravante adicional, se crearon múltiples comisiones por casi cualquier servicio, y las existentes crecieron en forma desmesurada. En el rubro de crédito a empresas se radicalizó un injustificado cobro de una “comisión por apertura” que la banca justifica como “gastos administrativos y  gestión del préstamo” (un promedio de 3% del valor total del préstamo) y otra comisión por gastos de investigación. Es en el crédito al consumo, en especial las tarjetas de crédito, donde la banca muestra una voracidad feroz pues llegan a cobrar hasta 19 diferentes tipos de comisiones (Condusef).

La banca y  todos los organismos financieros concesionados tienen la obligación de cumplir  con una amplia justificación social y participar  como un detonador del desarrollo económico en empresas y personas.

Sin embargo, no resulta así porque su propósito gremial es utilitarista, selectivo y discriminatorio. Disponen de crédito para empresas que no lo necesitan y que para ellos resultan de bajo riesgo ofreciendo tasas de interés muy bajas. Pocas veces se involucran en proyectos de negocios pequeños y medianos que por su incertidumbre consideran de muy alto riesgo, y si lo hacen, está implícito el castigo con  tasas de interés y comisiones tan altas que desestimulan la creatividad empresarial naciente.

El costo de captación en la banca es muy bajo en virtud de la mezcla por depósitos en cuentas de cheques (gratis) e inversiones mal pagadas. Las tasas de interés que contratan y cobran son absolutamente leoninas. Hay tres razones fundamentales que originan la impunidad  con que operan los bancos en contra de todos los usuarios cautivos: beneplácito y permisividad por parte de las autoridades del Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica  y la propia Comisión Nacional para la Protección y  Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, laxitud en leyes específicas, y un claro oligopolio entre las instituciones dominantes que inhiben la  competencia y acuerdan comisiones y tasas de interés bestiales en detrimento de toda la población mexicana, ante la complacencia irracional de algunos políticos acomodaticios.

El 8 de noviembre pasado, a nombre del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó una iniciativa al pleno  que prohíba a los bancos cobrar comisiones que, sólo en 2017, generó ingresos a ese sector por más de 108 mil millones de pesos ( 30% de los ingresos totales de la banca).

El día 14 de noviembre  Ricardo Monreal anunciaba que las comisiones no se modificarían hasta febrero de 2019 para dar oportunidad a espacios que permitieran conversaciones entre la banca, usuarios y ciudadanos.

La Asociación de Bancos de México (AMB), coordinadora y vocera del oligopolio de la “Banca Mexicana”, rechazaba en esos días los términos que los calificaban de usureros, agiotistas y abusivos. Quizá debamos buscar un sinónimo que les agrade sin ignorar la esencia.

Prorrogar una tolerancia a la depredación bancaria sería un error de cálculo político y social por parte del poder legislativo y el próximo gobierno   federal. Deberá aceptar, con sus consecuencias, la voluntad popular.