Después de un desaseado, turbio y frenético proceso, finalmente ha sido aprobada la reforma a la legislación secundaria en materia electoral. Por donde se mire se trata de un retroceso brutal: es la primera vez en la historia que se realiza una reforma electoral sin el consenso de las fuerzas políticas y la primera vez que la reforma la encabeza el propio gobierno.
Considerando que bajo el marco normativo vigente el órgano encargado de organizar las elecciones es totalmente autónomo, no es difícil entender que el principal objetivo del gobierno y del Presidente es tomar el control de la organización de las elecciones.
Las fuerzas políticas de oposición dimos la batalla hasta el último momento. En la Cámara de Diputados denunciamos el atropello que implicaba aprobar en poco tiempo un documento que prácticamente conocimos en cuestión de minutos y de cuyo contenido ni siquiera pudimos enterarnos. En el Senado de la República, la oposición presentó un gran paquete de reservas para discutir en lo particular cada una de las inconstitucionalidades que representa el proyecto legislativo conocido como “Plan B”.
Finalmente, la mayoría de la coalición de la 4T ha atropellado una vez más a la Constitución y, por encima de ella, ha aprobado una legislación que claramente es inconstitucional. Como siguiente paso, la oposición presentará todos los recursos y mecanismos de control constitucional, incluyendo la acción de inconstitucionalidad, para que este proyecto se declare inconstitucional.
Estamos en un punto medular en que está completamente en riesgo la democracia en nuestro país. La continuidad democrática dependerá ahora de lo que en su momento resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, con este caso como ejemplo, vuelve a relucir la importancia que tienen los órganos de impartición de justicia y, sobre todo, la independencia y la autonomía de los jueces –incluyendo a los Ministros de la Suprema Corte–.
Hoy, las fuerzas políticas de oposición tenemos esperanza en que nuestro más alto Tribunal declarará lo que a todas luces es inconstitucional, porque confiamos en la autonomía con la que resolverán las y los señores Ministros. Sin embargo, así como hoy la mayoría Morenista ha herido de muerte la autonomía del INE, no dudamos que intenten hacer lo mismo con el resto de las instituciones democráticas que se interpongan ante los caprichos del presidente López Obrador, que sólo quiere obtener el poder absoluto como en las dictaduras.
Por ello, es momento de voltear a ver al Poder Judicial de la Federación. Seguramente desde el gobierno vendrán muchas presiones para que las y los Ministros no declaren inconstitucional el bodrio de la reforma electoral y por ello es tan importante que la ciudadanía exprese su respaldo hacia la autonomía judicial. En la defensa de la autonomía de las instituciones, como de la Constitución y la democracia, ni un paso atrás; la realizaremos hasta donde tope.
