Los legisladores del PRI y del PAN, funcionaron juntos; y juntos arrollaron con su aplanadora de votos a los otros partidos representados en San Lázaro y aprobaron las nuevas leyes que regirán a Pemex y a la CFE. Este acto consuma prácticamente la entrega del potencial energético del país a las empresas transnacionales, las que ya se frotan las manos para entrar a México y despojar la riqueza que representan los recursos naturales no renovables con el pírrico y dudoso argumento de la generación de más y mejores empleos.
El discurso gubernamental con el que se anuncia la venta de garaje de tierras y riqueza nacional, señala que se dará impulso a la calidad de vida de los mexicanos, a lo que la terca realidad responde irónicamente con un certero golpe a la economía familiar, con el octavo aumento en el precio por litro de gasolina. La avalancha que se avecina será mucho más apabullante que los “gasolinazos”, ya que la legalización de la intromisión extranjera en los recursos nacionales no dejará espacio a la recuperación del salario, empleo, salud y educación, entre otros, ya que se carecerá de la aportación de los ingresos provenientes del petróleo. La renta petrolera será compartida por migajas.
El ciudadano de a pie, sabe que los recursos naturales con que cuenta el país deben ser de los mexicanos, como así lo entendió Lázaro Cárdenas al impulsar en su tiempo el rescate del patrimonio nacional a través de la expropiación petrolera que ahora es echada por tierra quedando sólo para la historia. Como también quedará este vergonzante momento en que el interés económico extranjero pudo más que la soberanía y el respeto a la independencia nacional, hoy vilipendiada, violada y desdeñada.
En sentido estricto, una reforma energética debería modificar la forma en que se obtienen los recursos energéticos y decidir cuáles son los necesarios para satisfacer la demanda que requiere la vida productiva nacional, para mantener el crecimiento económico, el desarrollo social y la sustentabilidad ambiental. Sabemos que los días en que el petróleo era abundante y barato llegaban a su fin.
Las normas avaladas establecen reglas que deberán seguir tanto Pemex como la CFE para convertirse en lo que han dicho “empresas productivas del Estado”, obligación marcada en la reforma constitucional promulgada en diciembre pasado, pero que no es más que una enmienda verbal para tratar de suavizar y matizar el verdadero contenido de la reforma, la apertura a la inversión privada, siendo el principal objetivo el lucro, como el que tiene cualquier otra empresa particular que provea productos y/o servicios.
Sin duda el aspecto más reprochable de todos es que los pasivos laborales de Pemex, son desde ahora deuda pública, esto quiere decir que no conformes con entregar las empresas mexicanas a manos extranjeras, el cúmulo de deudas que Pemex tiene, producto de pésimas administraciones y el constante saqueo y malversación de sus fondos que realiza principalmente la dirigencia del corrupto sindicato petrolero, lo pagaremos ahora todos los mexicanos. Así, Pemex llega con números negros y no tendrá por qué preocuparse de sus deudas.
La legislación secundaria establece que Pemex y la CFE deberán regirse bajo un modelo de gobierno corporativo, en el que tengan un director general, que será el responsable de la operación diaria, y un consejo de administración, encargado de tomar las decisiones de negocios estratégicas y de largo plazo; nada más y nada menos que el mismo esquema de cualquier otra entidad privada. Cada consejo estará integrado por 10 miembros. En el caso de Pemex, cinco serán funcionarios del gobierno federal y cinco serán consejeros independientes propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado. En el caso de la CFE, cinco serán funcionarios gubernamentales, cuatro serán consejeros independientes y uno será designado por los trabajadores.
Este esquema le permitirá al gobierno seguir teniendo injerencia directa en las empresas, asegurando que la clase política gobernante no se quede fuera del negocio, teniendo una tajada de pastel. Por ello los diputados se apresuraron a aprobar las leyes secundarias, sabiendo que los premios y bonos por su sumisión frente a los carroñeros intereses internacionales, comenzarían a serles repartidos. Peña Nieto justificó la aplanadora que mayoriteó en el Congreso, señalando que “no pasará mucho tiempo para que los mexicanos sientan los beneficios de la reforma energética”. Por lo pronto ya comenzó con los diputados y senadores.
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