Mientras haya casos como el de Sergio Aguayo, estaremos estancados.
El consejero del INE Ciro Murayama, fue a la Cámara Baja a explicar la sobrerrepresentación que permite la ley electoral, y que suele generar una distorsión entre la voluntad ciudadana y el reparto de curules. De modo que la coalición obradorista ganó 44 % del voto en la Cámara Baja, pero recibió 18% más de curules (equivalente a 10 millones de votos más). De hecho, con las tretas de Morena al colocar candidatos propios en otros partidos, y los tránsfugas que ha reclutado, terminó por violar la Constitución (art. 54-V) que estipula que en ningún caso un partido podrá estar sobrerrepresentado en más del 8% (salvo con puros distritos de mayoría). Pero Morena lo está en 15%. Qué más da, para eso son las mayorías (como quedó claro también al nombrar a la titular de la CNDH). Dicha sobrerrepresentación es herencia de la “cláusula de gobernabilidad” de 1987 que tanto criticó la izquierda. Pero ahora que le favorece, Morena la defiende a capa y espada. Doble moral, de nuevo.
Cuando se le preguntó a AMLO sobre el particular, arremetió contra Murayama. La animadversión de AMLO hacia el IFE-INE es bien conocida, en particular desde 2003 cuando dejaron al PRD sin ningún consejero. En ese entonces PAN y PRI se pusieron de acuerdo para dejar fuera al PRD, y se repartieron todo el Consejo General; 5 para el PRI, incluyendo al Consejero Presidente, y los cuatro restantes para el PAN; cero para el PRD. Quienes concertaron tal trastada fueron Elba Esther Gordillo desde el PRI, y Germán Martínez Cázares en el PAN, hoy aliados de AMLO, quien quizá ya perdió la memoria al respecto. A ellos no les exige disculpas por excluir al PRD, ni por lo que siguió en 2006.
Lo que sí recuerda AMLO, para cuestionar la autoridad moral de Murayama, es que aquel firmó un desplegado en el que se exhortaba al apego a las leyes e instituciones, y se ponía en duda que hubieran pruebas fehacientes del magno fraude que reclamaba AMLO, (y por cierto, al menos un par de los abajofirmantes están hoy con la 4 T, pero por eso mismo no hay nada qué reclamarles). Yo no firmé ese desplegado, pues tenía serias dudas sobre el triunfo de Calderón, ya que era una elección tan cerrada que bastaba un número reducido de irregularidades para modificar el resultado, y había demasiadas inconsistencias aritméticas en las actas.
Pero AMLO considera que quienes no creyeron en el fraude de 2006 no tienen autoridad moral para ser consejeros del INE; eso los hace corruptos. El riesgo de que el INE quede subordinado al Ejecutivo nuevamente se infiere, ya que eso mismo ha ocurrido en diversos órganos de control e instituciones autónomas. Paradójicamente, el IFE en 2000, ante la primera gran alternancia a una opción distinta, salió en hombros por haber llevado un proceso cuyo resultado fue reconocido por todos y que nadie impugnó. En cambio, en 2018, tras la segunda gran alternancia, los consejeros del INE que organizaron otro proceso no impugnado, son vituperados por el ganador. Es que al nuevo partido oficial no le gusta ningún grado de autonomía institucional, ahora que está en el poder.
Un vicio del IFE eran las cuotas de partido, pero al menos se distribuían entre los tres más grandes. Lo mejor sería buscar una fórmula para limitar a los partidos en tales nombramientos. Pero AMLO al parecer tiene otros planes: regresar al control hegemónico del partido oficial sobre la autoridad electoral. Si los cuatro consejeros que se elegirán este año resultan leales a AMLO, de once, seis serán leales al partido oficial. Como cuando el PRI controlaba esa institución. Veremos si tales temores se concretan o no.
