En el Senado de la República aprobamos un acuerdo relacionado con el movimiento social convocado para el nueve de marzo del 2020, donde definimos nuestro respaldo y solidaridad con la legítima lucha social de las mujeres, reivindicando su lugar y relevancia en el desarrollo económico, social, jurídico y político de México, así como su derecho a una vida libre de violencia.

La violencia y discriminación de género en nuestro país, causante de tantos daños físicos, sexuales o psicológicos contra la mujer, constituye sin duda un grave problema social, que nos llama a la reflexión permanente para su atención con celeridad y eficacia, precisamente porque se trata de un tema añejo con características sistémicas y crónicas.

Motivo suficiente para entender que esta problemática multifactorial requiere de la aportación de todos, en la búsqueda de soluciones que aspiren a ser integrales, donde aportemos lo que a nuestro alcance se encuentre, desde un cambio de actitud hasta políticas públicas para quienes representan el 51% de la población mexicana y que son, lo digo personalmente, la razón de ser de muchos de nosotros al seno de nuestras familias.

De manera objetiva, de acuerdo con estimaciones del Observatorio Internacional de Salarios Dignos y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, las mujeres mexicanas realizan labores por un valor de 60 mil millones de pesos, todos los días; no obstante, de este total únicamente una tercera parte es remunerada. Así de grande es el reto y la deuda que tenemos con ellas. Y esto sólo es un matiz, las discrepancias de género van más allá del plano económico y abordan casi cualquier aspecto del desarrollo humano.

Basta con señalar las actividades en que se desenvuelve la mujer y a la mente nos llegarán innumerables injusticias, desigualdades e inequidades, que toleramos tan nocivamente como sociedad machista que ya no debemos ser; hablamos de la forma desventajosa en que se desarrollan día con día esposas, hijas, madres, profesionistas, empresarias, trabajadoras en el hogar o el campo, en el sector público o en el privado, muchas de ellas, olvidadas, vilipendiadas, agredidas e ignoradas por décadas.

Aprendimos a vivir abusando de la condición de la mujer e inclusive, llegando a considerar sus aspiraciones y méritos de manera secundaria, y sus necesidades como burdos botines políticos. Se trata de un anquilosado y arcaico pensamiento que debe desmantelarse ya, por el bien de toda nuestra actual sociedad y de generaciones venideras de mexicanas y mexicanos.

Es por esta situación que desde la trinchera que me corresponde en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, donde represento a mi querido estado de Querétaro, presentaré una iniciativa para continuar abonando concretamente y sin discursos vacíos en la lucha de los derechos de las mujeres, que desde hace muchas administraciones se descuidó y donde la situación se volvió urgente hoy.

Propondré entonces una medida concreta, en el entorno de acciones afirmativas para la condición de madres solteras principalmente, para que sean apoyadas desde nuestra esfera normativa especialmente en el aspecto laboral, definiendo una disminución institucional a su jornada laboral que sin duda abonará en su lucha por la equidad, pues suelen ser ellas quienes llevan sin remuneración ni apoyo masculino, sus hogares.

No nos detengamos en reconstruir el país roto que nos entregaron, existen muchos frentes abiertos que poco a poco quienes integramos la Cuarta Transformación de la vida pública del país estamos enfrentado y resolviendo adecuadamente, que no quede duda que junto con la población que nos apoya, así continuaremos.

Estamos del lado de la mujer mexicana y el endoso de facturas sobre la situación que con los años les crearon, lo asumiremos responsablemente como gobierno que somos, pero nos interesa mucho más encontrar soluciones adecuadas y de una buena vez para todas y todos.

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