El 26 de enero concluyó la caminata por la Justicia, la Paz y la Verdad en el Zócalo de la CDMX. Más allá de los hechos conocidos y el hecho de que el Presidente se hubiere rehusado a recibir a quienes encabezaban la caminata y haberlos mandado con el gabinete de seguridad, quisiera hacer mención al contenido de las propuestas que fueron entregadas y que eran el motivo principal de la marcha, claro, derivado de la alarmante situación de inseguridad, las ejecuciones,, las desapariciones, las personas desplazadas forzadamente, que ascienden a decenas de miles en todos los casos. La propuesta presentada se deriva de que, a pesar de haber pasado más de un año desde que AMLO asumió la presidencia, la situación de inseguridad sigue empeorando. La estrategia de militarización prevalente no ha sido, si será, la solución.
Por ello, además de las propuestas presentadas, es necesaria la paulatina desmilitarización de la seguridad pública y la reconfiguración de la política de drogas que conduzca a su legalización, supervisión y prevención; con una política de efectiva persecución, procesamiento y sanción del lavado de dinero, con una visión, no recaudatoria, sino de desmantelamiento de los carteles del crimen organizado.
Pero, aún si ya se hubiere logrado la paz, la “guerra contra el narco” que comenzó con Calderón, ha producido cientos de miles de víctimas que requieren satisfacer sus derechos de verdad, justicia y reparación integral. Por justicia debemos entender, por un lado, procesamiento y castigo a los culpables, cuando esto sea posible; y cuando no lo sea, justicia alternativa y restaurativa.
Por ello, las propuestas entregadas a las autoridades se refieren, por un lado, a un Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México y por otro, una Comisión de la Verdad y la Memoria. He notado mucha confusión entre la opinión pública al respecto. Se habla de justicia transicional, metiendo en el mismo cajón tanto al mecanismo internacional extraordinario de justicia con la comisión de la verdad, cuando son cosas completamente distintas. Tal vez ambas podrían calificarse de “transicionales” o “transitorias”, en el sentido de que no son permanentes, ni definitivas; pero no es sólo ese sentido el que engloba el concepto de “justicia transicional”.
El MICIM sería un mecanismo contra la impunidad; es decir, busca que quienes sean responsables de crímenes atroces, sean investigados, procesados y de ser encontrados responsables, entonces, ser castigados. Un modelo similar, no carente de defectos, fue instalado en Guatemala (CICIG – Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala) con muy favorables resultados. No se trata de hacer “copy paste” de ese modelo, pero sí tomarlo como inspiración para adaptarlo en México.
Es necesario que sea “internacional”, pues, en un acto de humildad y objetividad, tenemos que aceptar que la justicia mexicana no ha sido capaz de llevar a cabo esa tarea. Se requiere del apoyo de la ONU, para lo cual se requeriría de la celebración del convenio internacional correspondiente. Debemos despojarnos de patrioterismos mal entendidos. No es que vayan a venir “los extranjeros” a realizar las funciones de justicia. No se debe confundir el derecho internacional con el derecho extranjero. Sí, la persona que encabezaría el Mecanismo no sería mexicana, lo que además es conveniente por motivos de seguridad. Una vez concluido el proceso, el Mecanismo desaparece y quien lo encabezó abandona el país.
Los casos que no sea posible judicializar, tendrán que ser tratados alternativamente, con mecanismos de justicia transicional, a través de la Comisión de la Verdad y la Memoria, con programas eficientes de reparación integral para las víctimas.
Estaremos atentos a la respuesta del Gobierno Federal. Es urgente comenzar cuanto antes.
