Para varios es motivo de festejo que uno de los mandatarios que hizo y deshizo lo que le vino en gana —durante casi toda la administración— haya sido sentenciado.

Para otros, la resolución en contra de Javier Duarte es una burla más, encubierta por acuerdos cupulares. Ambas partes tienen razón.

Arturo Ángel, el colega mejor informado y con mayor autoridad del caso, lo sintetizó muy bien:

“Al declararse culpable Duarte reconoció, nada más y nada menos, ser cabeza de una organización criminal… Se le declaró culpable de lavar recursos y de invertirlos en propiedades… Pero todos los demás desvíos, los que la Auditoría ha denunciado, no han sido procesados. Esas denuncias ni siquiera las ha consignado la PGR. Nada de eso es un caso cerrado”, indicó.

Lo bueno. No hay duda, el otrora intocable ex gobernador veracruzano es un delincuente.

Este viernes 27 de septiembre de 2018 podemos escribir con todas sus letras que es culpable. Nada de “presunto”.

Podría parecer obvio y, por ende, poca cosa. Pero no lo es.

En esta nación llena de políticos cínicos e instituciones subordinadas, la regla es: impunidad para el poderoso, hostilidad para el denunciante.

Pero el trabajo que realizaron Arturo Ángel y el equipo de Animal Político provocó que algo sucediera en México.

Fueron ellos los que abrieron la caja de pandora con el reportaje Las Empresas Fantasma de Veracruz.

Fueron ellos los hostigados por el Ejecutivo local. Fueron ellos los que pusieron de relieve un modus operandi oscuro, vil, que se esparció por toda la República. Fueron ellos los que evidenciaron lo que la mafia no pudo ocultar más.

Y son ellos los que no quitan el dedo del renglón y continúan publicando, en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, más los medios que se van sumando, datos sobre los cómplices y las conexiones de esta aterradora trama sexenal.

Lo malo. No tenemos una fiscalía autónoma que procure justicia.

La extraordinaria labor del periodismo de investigación en nuestro país se topa, una y otra vez, con la colusión o incapacidad de las autoridades.

A Javidú le dieron nueve años de cárcel (podrían reducirse a tres).

Pagará una multa de 58 mil pesotes. Mientras tanto, durante su gestión, se esfumaron más de 60 mil millones del erario público.

De ese tamaño es “el peso de la ley” en los tiempos que corren.

Más allá del desfalco, la crisis humanitaria revela el rostro ensangrentado de la región.

La muerte, violencia e inseguridad rondan en forma de fosas clandestinas, de jóvenes amenazados, torturados, asesinados, desaparecidos.

Un estado que ejemplifica al sexenio que no se acaba de ir.

Celebremos, pues, que ya podemos nombrar a Javier Duarte como lo que es: un criminal tras las rejas; punta visible de una amplia red por develar (como la que trianguló dinero a la campaña presidencial en 2012).

Lamentemos que sus secuaces siguen libres.

Y exijamos que esto cambie con la llegada del nuevo gobierno.

RAZONES Y PASIONES: Hablando de buen periodismo, una voz necesaria regresará a la radio. ¡Lo mejor para Carmen Aristegui y su equipo!

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