El pasado martes un diputado federal del grupo parlamentario de Morena, dio a conocer que la Cámara de Diputados fue notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el juicio de procedencia, en contra del ciudadano gobernador del estado de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca. Los motivos de la solicitud radican en que se le investiga como posible sospechoso en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, así como defraudación fiscal equiparada.
Todos los delitos de los que se acusa al gobernador panista, fueron cometidos, supuestamente, durante los meses de abril a diciembre del año 2019. En razón de lo anterior, se volcaron distintos pronunciamientos de los legisladores del grupo opositor al gobierno federal, acusándolo de usar de manera facciosa a la fiscalía para “perseguir a adversarios políticos”. Inclusive, no faltó quien recordó que, al mismo presidente de la república en funciones, en la primavera del año 2005, también se le inició el llamado juicio de procedencia, a este sí por razones políticas.
Para despejar un poco sobre la ambigüedad con la que se conducen en el discurso los críticos de la petición de la FGR, vale la pena recordar los artículos de la constitución política que hablan sobre el juicio político. En primer término, se ubica el artículo 110, el cual señala a todos aquellos servidores públicos que puede ser sujetos del juicio de procedencia, entre ellos, se encuentran a los gobernadores. Del mismo modo, el artículo 109, señala que se impondrán sanciones a aquellos que hayan incurrido en actos u omisiones que redunden en perjuicio del interés público.
Los artículos constitucionales citados son tan claros como el agua, y no pueden ser empantanados en su interpretación al sugerir que el asunto en cuestión obedece a una persecución política, dado que el mismo artículo 109 establece que como excepción al juicio de procedencia, se contempla la expresión de las ideas. Sobre este punto, no cabe la comparación con la acusación que en su momento enfrentó Andrés Manuel López Obrador, quien era indiciado por un acto de desacato en contra de un juez federal con motivo de la construcción sobre el predio del Encino en el entonces Distrito Federal, cuyo fin, por si fuera poco, era abrir un camino para comunicar un hospital, privado, pero hospital al fin.
En cambio, las acusaciones que pesan sobre el gobernador panista son delicadas, pues no se le acusa de desacato a la autoridad, sino de haber participado en la comisión de delitos graves como lo es la delincuencia organizada. Habrá que esperar los resultados de la investigación, al tiempo.
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