Cristina conoció a la culpable del delito que le imputaban estando en prisión. Demostró con un video del C5 que se encontraba del otro lado de la CDMX al momento del robo. Fue sentenciada a 12 años de cárcel.

Alejandra denunció en múltiples ocasiones a su esposo por violencia y abuso. Las autoridades nunca la ayudaron y, cuando el hombre iba a violar a su hija, lo mató. Fue sentenciada a la pena máxima de homicidio.

Miguel, un joven de 21 años, indígena y sordomudo, es acusado por robar una computadora. Nunca ha tenido una defensa que sepa el lenguaje de señas y no entiende por qué esta en prisión. Actualmente cumple una sentencia de 13 años 6 meses.

Alejo, acusado por homicidio, no tiene una sola prueba en su contra ni antecedentes penales. Lleva 18 años en prisión y le faltan 30 más.

Fernanda está en prisión hace un par de años, tiene 23 años de edad y una sentencia de 10 por el delito de robo a un puesto de camarones.

A Javier, conocido en prisión como “Javidú”, lo acusan del mayor desfalco a las finanzas públicas en la historia de nuestro país. Habría utilizado decenas de empresas fantasma, una red para triangular recursos y un sinfín de prestanombres para dejar en bancarrota Veracruz, estado del que fue gobernador. El miércoles de la semana pasada le dictaron sentencia: 9 años de cárcel, una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y el decomiso de 40 propiedades. El caso de Javier Duarte es un ejemplo de nuestro sistema de justicia penal.

Los delitos expuestos en los últimos años por organizaciones de la sociedad civil, víctimas y las autoridades parecen estar solo en nuestra imaginación y no en la realidad de la justicia. Las acusaciones quedaron como simples procesos muertos o en “investigación”, ya que al ex mandatario no se le han podido —no se le han querido— imputar.

Tenemos un sistema de impartición de justicia que pena la pobreza; un sistema, que, por corrupción e impunidad, ha dejado libre a los más peligrosos y encarcelado a quienes no tienen recursos para defenderse. Los delitos que más dinero dejan son totalmente rentables, ya que otorgan el soporte económico para que, en caso de requerirlo, se contraten abogados cuyos honorarios rondan en los 5 millones de dólares..

Además de la ola de indignación y enojo, el caso Duarte evidencia de nueva cuenta que, en México, la cárcel es exclusivamente para los pobres.