El 2 de octubre no lo olvidará el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien pretende quedarse 5 años, y no 2, como gobernador, periodo para el que fuera electo, atendiendo a lo resuelto este miércoles por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quedará pendiente lo que resuelvan en Baja California. Desde un principio el asunto lo han complicado en esa localidad. Primero modificaron el artículo 8 Transitorio de aquella Constitución, para que el gobernador que fuese electo se quedara 6 años y no 2, de acuerdo a la reforma de 2014; misma que fue confirmada en mayo pasado por el Tribunal Electoral Local, luego revocada por la Sala Superior. Más tarde, habiendo ganado la elección Bonilla, los legisladores locales, por 21 votos a favor y 1 en contra, modifican el mismo artículo para que el electo se quede 5 años y se empate la elección con los comicios federales, bajo el simple argumento de no hacer onerosa la elección, así lograban empatar la elección hasta el 2024 y no para el 2021.
Varios partidos se inconformaron con esta última reforma, PRD y MC, que fuera duramente criticada, incluso la secretaria de Gobernación, quien la calificó de inconstitucional. Dos meses después, la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelve de fondo y determina que el periodo de duración del gobierno de Jaime Bonilla es de 2 y no de 5 años, de acuerdo al resultado de la elección de julio pasado. Hasta aquí las cosas jurídi camente bien. Sin embargo, continúa vigente el polémico artículo 8 Transitorio de la Constitución de Baja California, el precepto no ha sido declarado inconstitucional. De acuerdo al procedimiento, debe ser reformado por los legisladores bajacalifornianos, sea de manera voluntaria, sea por orden jurisdiccional. Jaime Bonilla protestará como gobernador el 1º de noviembre próximo, urge dilucidar el problema legal. De tal suerte, existe una sentencia que confirma el periodo de gobierno de 2 años, pero la Constitución dice que el periodo es de 5 años. Incluso la Comisión Permanente del Congreso exhortó a los diputados locales para que vuelvan a reformar el polémico artículo, los legisladores hicieron caso omiso.
Tramposamente el titular del Poder Ejecutivo no ha publicado la reforma constitucional, luego no ha entrado en vigor a pesar de haber cursado todo el trámite legislativo, pasando por la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. Si la reforma no es publicada, sencillamente no entra en vigor, simplemente se cumple con la sentencia del Tribunal y Bonilla solo tendrá un periodo de gobierno de 2 años. Pero, si la reforma la publican días previos a la toma de posesión, Bonilla podría protestar para un periodo de 5 años de gobierno, posteriormente promoverían y tramitarían la inconstitucionalidad de la norma vigente para entonces. Pareciera que el asunto quedó resuelto derivado de la sentencia de la Sala Superior, la cual no entró al estudio de la norma constitucional, simplemente falló sobre el resultado de la elección y acorde con el transitorio que limita a 2 años el gobierno para el que fue electo Jaime Bonilla. En casos como estos, suele suceder que la norma aprobada no se publica y jamás entra en vigor. Algo semejante sucedió en Querétaro, cuando terminaba el gobierno de Enrique Burgos, los priistas reformaron la Constitución, en perjuicio de Ignacio Loyola Vera; sin embargo, la reforma la hicieron perdediza, no la publicaron y jamás entró en vigor. Simple y efectivo ¿Harán lo mismo en Baja California?
Analista legislativo. @HectorParraRgz
