Nos encontramos ante una crisis de salud sin precedentes debido al coronavirus. Aunque desde hace tiempo algunas personas como Bill Gates pronosticaban que una nueva epidemia se aproximaba, la prevención en el sector salud pasó desapercibida en muchos países. En México, se hizo un enorme esfuerzo por aumentar el acceso a los servicios de salud de la población, ya que para 2000 la mitad de las personas en el país no contaban con ningún tipo de cobertura. Debido a la creación del Seguro Popular esta situación cambió y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Protección para 2018, 80% de los mexicanos contaban con acceso a servicios de salud.
El Seguro Popular cubría un catálogo de 287 intervenciones y 600 medicamentos, así como la atención de más de 60 servicios de alta especialidad gracias a la creación de un Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. Desgraciadamente como en casi todos los sectores públicos del país, en el Seguro Popular existían irregularidades respecto al uso de los recursos asignados para este fin. En 2018, Impunidad Cero y Justicia Justa realizamos una investigación respecto a las irregularidades detectadas en el Fondo de Aportaciones del Sector Salud (FASSA) uno de los fondos del Seguro Popular. En total de 2012 a 2018 se detectaron más de 98,000 millones de pesos en irregularidades en el uso de este fondo. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos una de las conclusiones de la investigación era la necesidad de investigar y sancionar a los funcionarios que permitieron estas irregularidades, no desaparecer el Seguro Popular. Para tal efecto las dos organizaciones interpusieron 64 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República a las cuales no se les dio el mínimo seguimiento. Era evidente que el Seguro Popular funcionaba y que funcionaría mejor si estas irregularidades se prevenían y se sancionaban.
Sin embargo, la actual administración en su interés por erradicar la corrupción del sector salud decidió desaparecer el Seguro Popular, así como utilizar el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos para la implementación del Insabi, la consecuencia de todo esto es que se deja a gran parte de la población desprotegida respecto a un número considerable de padecimientos graves, como distintos tipos de cáncer. Con esta medida, el esfuerzo de prevención en el sector salud del país se echó para atrás de un día para otro, sin identificar ni sancionar a los responsables del mal manejo de estos recursos.
Por otro lado, antier se aprobó un dictamen en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública. Esta reforma permite la creación de un Fondo Para la Prevención y Atención de la Emergencia. Dicha iniciativa fue aprobada aprovechando la ausencia de diputados de la oposición, incluso cuando existía la recomendación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para no aprobar dicha iniciativa. El dictamen de Hacienda es claro al mencionar que la iniciativa para la creación de este Fondo no cuenta con reglas de operación claras y que tampoco tiene diagnósticos certeros que permitan justificar el monto determinado en la iniciativa para hacer frente a la emergencia. A pesar de estos comentarios, se aprobó ayer la posibilidad de contraer deuda pública y obtener dinero del presupuesto público para dicho fondo.
Tanto la desaparición del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos como la creación de este nuevo Fondo ejemplifican una irresponsabilidad financiera respecto a los recursos del sector salud. Dada la crisis a la que nos enfrentaremos debido a la pandemia del coronavirus es necesario recordar que la corrupción en el sector salud no se combate parando el gasto público sino sancionando a los funcionarios que permiten estos desvíos.
