Apenas el pasado martes 10 de diciembre, en el Senado de la República aprobamos la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en sustitución del actual Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes llamado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

La nueva denominación complementa una serie de reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto del presente año, donde se expidieron, entre otros dispositivos legales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y donde se estableció, precisamente, la figura del Instituto que actualizamos, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal responsable de monetizar los bienes y créditos a favor del Estado, que tiene como principales objetos regular la administración y destino tanto de los bienes y activos que son propiedad pública por su naturaleza, pero también, de los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio u otras formas de incautación derivadas de actividades ilícitas.

Lo anterior, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, de las finanzas públicas del sistema económico y financiero del país.

Renombrar a la institución nos va a permitir socializar su existencia y que sus funciones no pasen desapercibidas, puesto que el destino de los recursos que había logrado recaudar a favor del Estado desde hace años se había realizado sin la debida transparencia y eficiencia, y a través de nocivas prácticas como el amiguismo y/o el tráfico de influencias, que abonaban en la opacidad y la corrupción, limitando con ello el beneficio directo que la sociedad demandaba.

La modificación del nombre tiene entonces un alto valor simbólico, pues implica un manifiesto expreso de la convicción que tiene el nuevo Gobierno de la República por devolver a la sociedad los bienes que le han despojado ilegalmente, a través de la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, otras actividades de la delincuencia organizada y, en general, el robo de la propiedad pública o de la sustracción de recursos de la economía formal por actividades ilícitas que provocan afectaciones sociales.

También se propiciará que los servidores públicos encargados de la administración y gestión de los bienes de la Federación construyan una nueva conciencia, una altísima moralidad pública respecto de sus responsabilidades; priorizando el retorno de los bienes a las arcas patrimoniales del Estado, para que posteriormente puedan traducirse en beneficios expresos para mexicanas y mexicanos.

Nos encontramos muy contentos con esta reforma, poco a poco corregimos tantos agravios contra el pueblo y le permitimos que tome nuevamente las riendas de México, a través de todos los que integramos la Cuarta Transformación de la República.