A partir del primero de enero de este año inició el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que reemplaza al Seguro Popular. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el nuevo organismo descentralizado brinda servicios gratuitos y de calidad a todas las personas que estén en el país y que no cuenten con seguridad social.

Posteriormente, la propia Secretaría de Salud aclaró qué servicios cubre en Insabi; luego de una serie de reclamos de usuarios de los servicios de salud que acusan que a partir del 1 de enero aumentaron las cuotas, la dependencia precisó que sólo atiende gratuitamente a pacientes de hospitales de primer y segundo nivel. Es decir, en centros de salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), unidades médicas de IMSS Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) y en hospitales generales, rurales y comunitarios.

Agregó que el tercer nivel (Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales), que atiende padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, como el cáncer, por ley, tiene que cobrar cuotas de recuperación.

El inicio de operaciones del Instituto para el Bienestar (Insabi) y el cierre del Seguro Popular ha traído consigo una avalancha de críticas. Exsecretarios de salud advirtieron que desaparecer el brazo operativo del Sistema de Protección Social en Salud era un “error crucial”. La cancelación del Seguro Popular es un gran error de la administración federal, es una injusticia en contra de las familias pobres.

Por otro lado, y muy grave también, el titular de este nuevo organismo no tiene experiencia en el sector salud, ha trabajado durante varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde se desempeñó como director de varias zonas arqueológicas del país. Su formación académica es en Administración de Empresas, cargo que obtuvo por el Instituto Tecnológico de Tabasco.

El Insabi, como ocurrencia que es se creó sin reglas de operación, sin manuales, sin una planeación detallada de su implantación, sin una fase piloto de prueba y sin mayor presupuesto. Un tema que genera incertidumbre y molestia es en materia de financiamiento, las instituciones de alta especialidad eran costeadas por el Fondo de Seguro Popular, ahora, según se dice, deberán cobrar cuotas a los pacientes.

Los críticos aseveran que la evaluación para realizar los cambios, no es suficiente, con que el Presidente visite decenas de hospitales rurales para comenzar una reforma a tan complejo sistema, a pesar de que prometió un aumento en 40,000 millones de pesos “para garantizar el derecho del pueblo a la salud y para que los trabajadores ganen más”.

En medio de esto, y ante la falta de recursos económicos, surge la duda para varios articulistas: la falta de apoyo ¿es derivado de la austeridad republicana de la administración federal? O ¿la falta de ejercicio de recursos se está guardando para las elecciones?

Lo que está muy claro es el mal manejo de la administración pública en el país, especialmente en el rubro de la salud. Se dan protestas por falta de medicamentos y vacunas, la desaparición del Seguro Popular y el adelgazamiento de la burocracia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el tema del dengue no se compraron los insecticidas y no se financió al personal para que saliera a hacer el trabajo comunitario que siempre se hacía.

La administración de la salud es un tema sensible que se debe cuidar día a día. El gobierno tiene una perspectiva donde hay una presunción de que nada servía y que hay que construir un nuevo sistema.

Al país le urge que las decisiones estén fundadas y planeadas, no en ocurrencias. El gobierno tiene la obligación de proteger la salud de la población y el sector salud se ha construido a lo largo de muchos años con mucha seriedad y responsabilidad por hombres y mujeres comprometidos.

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador federal y local.@Chucho_RH

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