Una nueva cuestión ocupa hoy a la clase política y a los analistas, especialmente al Senado: ¿bajo qué criterios debe proponerse y elegirse la vacante que desde la semana pasada existe en la Suprema Corte de Justicia ante la sorpresiva renuncia de Eduardo Medina Mora? La oposición exige que no se apoye a un perfil cercano al presidente y que se privilegien otras características en la propuesta, para garantizar plena independencia del ejecutivo. Esta demanda no es nueva, pasó con los tres últimos presidentes, quienes al final colocaron a sus cercanos, aunque la presión opositora nunca fue como la de hoy. ¿Pero es eso lo que más importa al ciudadano? ¿La eterna discusión sobre cómo lograr que no haya vínculos entre juzgadores y ejecutivo o la ideología de quienes estarán 15 años como la última instancia judicial del país?
En 1995 se dio la gran reforma constitucional al poder judicial, siendo Ernesto Zedillo su impulsor, nombrando los once ministros con los que trabajaría la Corte en su nueva etapa. Toda vez que esos nombramientos fueron de duración escalonada, tocaría a Vicente Fox proponer a cuatro ministros, cinco más a Calderón y tres a Peña Nieto, mientras que López Obrador ha propuesto dos e irá por un tercero ante la vacante de Medina Mora, finalmente en diciembre de 2021 AMLO debe proponer al Senado al sustituto de José Fernando Franco González Salas. De no haber causas extraordinarias, serán todos los ministros que tocará proponer al actual Presidente, el siguiente, en diciembre de 2024, será ya para su sucesor, quien enfrentará en su momento la misma demanda, separar los vínculos personales de la propuesta para la SCJ.
La demanda que un grupo de opositores le hacen al Presidente es mandar al Senado una terna que privilegie, por su perfil y antecedentes, la de independencia del poder judicial con el ejecutivo, la aspiración y fundamento de toda democracia: la separación de poderes, para que existan los pesos y contrapesos, para que el poder controle al poder. No sería justo afirmar tajantemente que no se ha avanzado en dicha separación, más si nos remontamos a la época previa a 1995. La composición del legislativo es un tema del electorado, la lealtad partidista al ejecutivo se da por añadidura. Por lo que toca al judicial, la inamovilidad y quizá el sueldo de los ministros, han hecho que los fallos no necesariamente sean al contentillo de quienes los propusieron, sino de su formación académica e ideológica, lo anterior está documentado y el senador Germán Martínez ha señalado varios antecedentes que prueban que un presidente que pone a un ministro no gana su incondicionalidad.
La oposición está literalmente obsesionada con la posibilidad de que las propuestas presidenciales no sean cercanos a AMLO. No recuerdo mandatario que haya respaldado a una persona ajena a su círculo para ninguno de los cargos que tiene facultad constitucional de proponer. Lo que debería importar, particularmente a los Senadores, es llevar a cabo audiencias serias y exhaustivas a los candidatos, haciendo las preguntas que interesan más a los ciudadanos que a políticos cuya única preocupación parecen ser las próximas elecciones. ¿Cuál es la postura de los candidatos a ministros con respecto las libertades civiles?, ¿en materia económica son liberales o conservadores?, ¿centralistas o federalistas?, ¿de izquierda o de derecha?, ¿provida o prodecisión?, ¿a favor de la legalización de la marihuana o en contra?, ¿a favor del crecimiento a secas o de la sostenibilidad?. Los ministros parecen encontrar siempre el camino a la autonomía, la libertad de sus determinaciones, cuestionar esto parece no tener sustento. Se trata de hacer las preguntas correctas a quienes estarán 15 años creando jurisprudencia sobre los temas de mayor trascendencia jurídica para la vida de los mexicanos.
Abogado. @AMaximilianoGP
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