La ausencia de disposiciones legales específicas, en materia de seguridad nacional y seguridad interior, sobre la contención del narco en los procesos electorales, ha permitido a los diversos cárteles actuar con total impunidad en las elecciones de 2021, 2022 y tal vez se repita mañana, como lo han venido sucediendo. El mayor riesgo, por el mal que implica, sería que también lo hicieran en la elección de 2024.

El riesgo de llegar a un narco Estado es un peligro inminente, derivado de la proximidad de la delincuencia organizada con el actual gobierno; de la elevada cantidad de síndicos, presidentes municipales, gobernadores y funcionarios públicos que en este gobierno se han incorporado a su nómina.

La acción de la delincuencia organizada ha pasado de ser un riesgo a la seguridad interior, a ser una auténtica amenaza.

En este sentido, resulta inexplicable la omisión del Gabinete de Seguridad Nacional a incorporarlos a su agenda de riesgos, porque nada se hizo para prevenir a las autoridades y a la sociedad sobre este peligro. Quizás esto se explique por su subordinación cómplice a la política de “abrazos, no balazos”, o a que el responsable de investigar estos hechos es un personaje cercano a AMLO y está muy ocupado recopilando información de inteligencia para atacar a los opositores al presidente, lo cual les resulta más importante que la seguridad del país.

Las imágenes de operadores electorales secuestrados un día antes de la elección; las amenazas de muerte a locatarios de mercados y ciudadanos para que fueran a votar por Morena; la advertencia a los opositores para que dejaran de hacer campaña; el asesinato de candidatos por no plegarse a sus exigencias; la financiación de campañas; la compra de votos y el acarreo de votantes, son parte de la larga lista de evidencias sobre la intervención del narco en procesos electorales que al final no contaron.

Ante las muchas evidencias, el silencio cómplice de autoridades civiles y electorales terminó por contribuir a escriturarles el control de amplios territorios del país: un paraíso para el trasiego de drogas. Ninguno de los candidatos “ganadores” declinó ante la evidencia de su ilegítimo triunfo. Ninguno de los que “no son iguales”, de los “que no mienten, no roban ni traicionan” se quejó de que el narco haya operado a su favor. Ninguno. De ahí el mote de “morenarcos”.

De la oposición, ni qué decir: tienen miedo a ser víctimas de estos grupos. Ya vivieron en carne propia el asesinato de candidatos, el amedrentamiento y la renuncia de algunos de ellos, así como la impotencia de no poder acudir a alguna autoridad para quitarles el control de las casillas.

Este tipo de delitos atenta tanto contra las libertades y derechos de las personas (seguridad pública) como contra las instituciones del Estado (seguridad interior) al permitir que sean delincuentes, o cómplices, quienes utilicen cargos públicos o de elección popular para favorecer intereses de la delincuencia, por ello que urge acabar con esta omisión legislativa.

Nunca como ahora hemos tenido dos ganadores que parecen coincidir: por un lado, el avance de Morena, en materia electoral y, por el otro, la expansión de los narcos con sus grandes beneficios e intromisión electoral. No es casual entonces que haya muchas voces que sospechan de la presunta vinculación entre algunos de los que pertenecen a ambos grupos. Por ello ya se empieza a hablar de ¡Morenarcos! Habrá que seguir el tema.

Periodista y maestro en seguridad nacional