Impuesto estatal a refrescos

Arturo Molina Zamora

Esta semana, desde la Legislatura local se ha puesto sobre la mesa de la discusión un tema controversial: gravar con un impuesto estatal los refrescos, la cerveza, los vinos y el tabaco; los cuales son considerados dañinos para la salud. Además se busca que el destino de tal recaudación sea para prevenir y atender principalmente los problemas de obesidad en el estado.

Algunos sectores productivos de comerciantes han rechazado la posibilidad de tomar tal medida en razón de que —a su juicio— generaría inflación, sin contar que el coste de tal impuesto lo tendrían que absorber los propios comerciantes.

Distintas cifras oficiales del sector salud revelan que durante 2010 en Querétaro los índices de obesidad y sobrepeso estaban por encima de 30% y que en 2011 ya sobrepasaban el 60%. Las autoridades de salud alertan que de no adoptarse medidas de prevención, para el año 2016 los recursos públicos no alcanzarían para atender los daños colaterales que traen consigo la obesidad y el sobrepeso.

Algunos países del mundo ya han tomado medidas para tratar de resolver este problema, algunas de carácter recaudatorio, como Francia en donde el llamado “impuesto del refresco” ha generado polémica entre los principales productores de bebidas azucaradas, quienes han puesto en tela de juicio cómo una medida recaudatoria por sí misma puede revertir esta enfermedad, y no —más bien— la promoción de alimentación saludable entre la población.

Hay algunos otros casos que buscan un resultado distinto, como ocurre en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde el Consejo de Salud aprobó una medida para que no se vendan refrescos de más de 16 onzas; es decir no más de medio litro, tanto en establecimientos como en restaurantes.

Algunas organizaciones de la sociedad civil en México han propuesto que lo recaudado por este gravamen sea utilizado para que en las escuelas públicas y privadas exista agua potable gratuita para incentivar el consumo de este líquido.

La Universidad de Yale, Estados Unidos, en recientes estudios coloca a México como el mayor consumidor de refresco en el mundo, rebasando a EU, Chile y Brasil con un promedio de consumo por persona de 163 litros anuales. Con esas cifras no resulta sorprendente que nuestra población infantil tenga un sobrepeso mayor a la media en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho distintos llamados al gobierno mexicano para que establezca políticas integrales e inclusive se tomen medidas fiscales al respecto para atender lo que se ha llamado “emergencia nacional” por la epidemia de obesidad que vive el país.

En el ámbito federal, según datos de la Secretaria de Salud se estima que en poco tiempo se requerirá de un presupuesto público aproximado de 170 mil millones de pesos si no se toman medidas a tiempo para disminuir este problema.

Sin duda los ciudadanos no queremos más impuestos que afecten la economía de las familias queretanas, pero sí debe abrirse un gran debate con los diversos sectores a efecto de que se busquen los mejores mecanismos para reducir los altos niveles de obesidad y sobrepeso en Querétaro y —sobre todo— que se establezca una gran alianza entre los ciudadanos, la industria de bebidas y alimentos, así como el gobierno para resolver este asunto multicausal y por ende multiconsecuencial.

Director general de ArtMol Consultores y Servicios

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