El asunto judicial de la menor Alondra Luna, ha trascendido las fronteras de México. Primero, visto y tergiversado en redes sociales como abuso policial. Resultó un asunto de exhorto judicial de un juez de EU, solicitando la detención y traslado de la menor para entregarla a quien, se presumía, era la madre.
Dado que los medios de comunicación comercial también se nutren de información a través de las redes sociales y hacen suyos los hechos que ahí difunden los particulares, fue así como captaron la “detención” forzosa de la menor Alondra cuando se encontraba en la escuela; se resistió y lloró, mientras que algún particular filmaba con su teléfono la escena, otra persona se subía a la camioneta de la policía como intentando evitar la “detención”.
Con absoluto desconocimiento del derecho, conductores y periodistas empezaron la crítica de la “detención”, aludiendo de inmediato a la violación de derechos humanos, calificándola de abusiva. ¿Qué puede hacer la policía cuando se trata de cumplir una orden judicial? Simplemente ejecutarla. La policía no puede, ni debe, juzgar si es legal o ilegal la orden que emana de un juez; eso fue precisamente lo que hicieron, cumplir con un mandato judicial. Y ante la resistencia de la menor a ser detenida, los policías hicieron uso de la fuerza, que no de la violencia.
La petición de extradición en cumplimiento a una orden judicial vino de EU, derivado de un juicio de paternidad en el que, una madre mexicana radicada en aquel país, pide le regresen a su hija que le fue arrebatada por su esposo y traída a México. La juez local simplemente obsequió la cumplimentación del exhorto y ordenó la detención enviando a la menor a Estados Unidos, sin mayores diligencias judiciales ¡Se cumplimentó la orden!
Que hubo un grave error judicial por parte de la autoridad de Estados Unidos, sí. Allá está la autoridad responsable. Gracias a la sagacidad de la menor Alondra, que pidió de inmediato la realización del examen de ADN para determinar la existencia del parentesco, fue entonces cuando la autoridad estadounidense se dio cuenta del grave error e injusticia que había cometido, por eso ordenó, de inmediato, que Alondra fuese regresada a Guanajuato, México y entregada a sus padres legítimos.
Los comunicadores que opinan a “bote pronto” sólo infunden desconfianza y rencor hacia las autoridades al hacer ver un acto judicial como malo, cuando lo que la Interpol hizo, fue lo que le ordenaron. Sin embargo el asunto da para más. Deben revisar los protocolos en casos semejantes, dado que no es posible que por una equivocación, un juez ordene la extradición judicial de un individuo cuando en realidad se trata de una persona distinta; ahí está el grave error y abuso judicial. Excesos no deben repetirse. El gobierno mexicano está obligado, no debe permitir semejante violación. Bien vale una llamada de atención ¿Cómo acusar a la juez que autorizó desde otro país la ilegal extradición? Asunto del Derecho Internacional. Ahora el problema es entre autoridades diplomáticas y jurisdiccionales.
Analista legislativo.
@HectorParraRgz
