¿Ignorantes, perversos, tramposos o maliciosos? No sé cuál pueda ser el calificativo que deba darse a los diputados federales que tuvieron a bien aprobar la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona 9 artículos de la Constitución, relativos a las consultas populares y “ratificación” de mandato, que no “revocación”, de acuerdo al texto que se adiciona al artículo 83 de la misma. La redacción de este párrafo no refiere a la revocación de mandato; sin embargo, es muy claro que la misma redacción conlleva, encierra la pretensión de la permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión en el cargo que ocupa. El párrafo expresa que el objetivo del proceso de revocación del mandato, “… tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia…” ¿Qué no se trata de la revocación y no de la permanencia en el cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal?

En contendido de la minuta también contempla la misma figura democrática de la pretendida “revocación de mandato” para todos los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y de la CDMX. De ahí que el gobernador Francisco Domínguez Servién, haya manifestado que, de aprobarse la reforma, Querétaro estaría haciendo lo propio. Y no es que haya temor alguno a la figura de participación ciudadana, y se pueda promover la revocación del mandato de 6 años por quien fuera electo, cuando el gobernante en funciones resulte un pillo en el ejercicio del poder o un verdadero inepto que ponga en peligro la viabilidad democrática del país o de un estado.

Al Presidente de la República en funciones no le aplicaría la reforma, en caso de ser aprobada con las debidas y obligadas modificaciones al texto, dado que él fue electo para un periodo de 6 años sin posibilidad de ser removido constitucionalmente, puesto que la Constitución no contempla la figura de la revocación del mandato. Lo que en realidad y en los hechos sucede, es la pretensión del Presidente de la República de continuar en campaña político electoral y su ferviente deseo de aparecer en las boletas electorales en las próximas elecciones intermedias, lo que le permitiría, sin pretexto alguno, realizar campaña por medio del ejercicio del poder público y sus acciones en apoyo a los más necesitados, ese grupo vulnerable que seguramente votará por él cuantas veces sea necesario, por los apoyos económicos que reciben de López Obrador, no del gobierno. Esa enorme población que representan millones de votantes, literalmente es clientela política cautiva. De suyo, apoyaría a todos los candidatos de su partido, como sucedió en las pasadas elecciones, que promovió el voto en cascada y su partido ganó, incluso en un municipio en el que no hubo candidato registrado, la avalancha fue tremenda, el voto “corporativo” que hoy recibe los beneficios de los programas sociales. El mismo Presidente no está dispuesto a perder las elecciones intermedias y sus legisladores tampoco. En cumplimiento del artículo 134 constitucional, estaría vedado para hacer campaña con los programas sociales.

Si hablamos de una figura de participación ciudadana que ya se aplica en muchos países, esta queda en manos de la ciudadanía, no del gobernante ¡Ah! Pero la minuta prevé que el mismo Presidente pueda promover electoralmente su propia revocación, este es otro de los vicios ocultos que encierra el documento. No resulta concebible democráticamente que el mismo mandatario pregunte a la ciudadanía si continúa o no en el cargo, por medio de la revocación; es la ciudadanía la que ejerce el derecho y la promueve. Los requisitos para que prospere y el resultado sea vinculatorio, están fuera de todo contexto, los flexibilizan a tal grado que con una minoría de electores que asistan a las urnas (40% de la lista nominal) y el 33% de ellos resuelve; en sus manos está la fundamental decisión de la revocación de un gobernante, que no de la ratificación, esa no se requiere. Democráticamente es aberrante. Los requisitos para echar andar la figura de la revocación de mandato no pueden ser tan irrelevantes que pongan en riesgo la viabilidad de una nación, sea en pro o en contra. Un electorado que ronda los 90 millones, podría quedar subordinado a la decisión de una perversa minoría.

Analista legislativo. @HectorParraRgz