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Identidad ciudadana y credencial para votar

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21/01/2013
03:25
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Dotar de un documento de identidad a los habitantes de una nación es responsabilidad del Estado moderno. De acuerdo con el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas de la OEA, “Toda persona tendrá derecho a un nombre, una nacionalidad, a ser registrada al nacer, a la personalidad jurídica y a un documento de identidad otorgado por el Estado y expedido por el Registro Civil o la institución pública asignada para ello”. El derecho a la identidad es relevante, pues permite acceder a los servicios de salud, a la educación y, por supuesto, a la participación en la vida pública.

En México, ese derecho se ha ejercido durante dos décadas a través de la Credencial para Votar (CPV). Las dificultades que se preveían para dar cumplimiento a la reforma al artículo 36 constitucional de 1990 —en la que se establece la obligación de expedir un documento que acredite la ciudadanía mexicana— motivaron la inclusión de un artículo transitorio en las modificaciones a la Ley General de Población de 1992, que dispuso que en tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana la CPV podrá servir como “medio de identificación personal”.

Desde entonces, nuestro sistema político, el de partidos y las instituciones electorales han cambiado drásticamente. De 40 millones de electores en 1992 —año en que se incorporó la fotografía a la CPV— llegamos a un padrón electoral de 84.4 millones, una lista nominal de 79.4 millones y a que el 97% de los ciudadanos mexicanos estén registrados en el padrón electoral. El avance de la tecnología y los procedimientos registrales y de depuración han permitido contar con más de 74 millones de registros con huellas dactilares y 92.9 millones de imágenes faciales. Además, nueve de cada 10 credenciales vigentes se han emitido en los últimos seis años con elementos biométricos y elevadas medidas de seguridad.

La confianza en la CPV permitió que se convirtiera en un verdadero pilar de nuestro sistema electoral y en un instrumento indispensable de nuestra convivencia cotidiana. Es, sin lugar a dudas, el principal medio de identificación para trámites bancarios, comerciales, personales y ante instituciones públicas, así como el documento público con mayor arraigo y reconocimiento de los mexicanos. Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció, en 2010, la indivisible doble funcionalidad de la CPV: como instrumento para votar y como medio de identificación.

En estas condiciones, si bien el compromiso establecido en el Pacto por México es analizar la necesidad de establecer los cambios jurídicos para crear la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población, “asegurando que no se utilice con motivos políticos o electorales”, lo cierto es que los partidos y actores políticos e instituciones involucradas estamos obligados a reflexionar sobre las opciones financieramente viables y socialmente convenientes para crear una cédula de identidad y contrastarla con los avances y logros de la CPV. Ello así, pues no se puede pasar por alto que hasta ahora los mexicanos hemos invertido 2,500 millones de dólares en la construcción de nuestro padrón electoral. Además, se debe reconocer que la tenencia de un documento de identidad será incentivo negativo para la obtención de la CPV, con la consecuente desactualización del padrón electoral.

Desde mi punto de vista existen, al menos, tres opciones para lograr el objetivo de dar identificación a los ciudadanos, aprovechar lo que hasta ahora se ha invertido y evitar la desactualización del padrón electoral. 1) Que el Registro Federal de Electores (RFE) asuma la responsabilidad de emitir la cédula de identidad tanto para los mayores de edad como para los menores de 17 años. 2) Que el RFE expida la cédula para los mayores de edad y que Segob/Renapo u otra instancia emita la correspondiente a los menores de edad. 3) Que se diseñe una nueva institución nacional que integre tanto el trabajo realizado por Segob/Renapo como el realizado por el RFE a lo largo de 22 años.

Por responsabilidad política, cualquier decisión debe considerar la experiencia, equipo y los recursos que se han invertido en la conformación del Registro Federal de Electores. No olvidemos que esta será una decisión que puede transformar los logros de uno de los pilares del sistema democrático mexicano. Por ello, considero que el debate sobre el documento de identidad de los mexicanos trasciende una visión juridicista que pretenda una armonización de leyes; es más una definición de gran calado sobre el sistema político y sus instituciones, en la que habrá que considerar la confianza social en la CPV como un valor intangible de la democracia mexicana.

Consejero presidente del IFE

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