No solo de intereses están hechas las políticas educativas. Los cursos de acción que los gobiernos proponen y ponen en marcha para tratar de resolver los problemas como la baja calidad, la desigualdad educativa, o mala gestión escolar están también sustentadas en ideas y creencias. Si tales políticas y programas educativos fallan, existe entonces una buena oportunidad para revisar lo que pensamos y hacemos.
Durante el tiempo que lleva este gobierno (2018-2021), esta lección es patente. Al supuestamente querer cambiar el marco ideológico que guió las políticas que “empobrecieron” al país, pues esperábamos que la 4T diera mejores resultados. ¿Y qué ha pasado?
En 2019, se decretó una idea popular: la obligatoriedad de la educación superior; no obstante, ahora sabemos que 2.9 millones de personas de 3 a 29 años no se inscribieron al actual ciclo escolar por razones atribuidas a la falta de recursos (INEGI). Si a esto le agregamos los 3.6 millones de personas que tuvieron que trabajar y por tanto, no se inscribieron a la escuela, pues en México tenemos un tipo de exclusión similar al tamaño de naciones como El Salvador (6.5 millones).
“Todos los estudiantes de los colegios de bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales, y preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos mensuales”, prometió Andrés Manuel López Obrador en su discurso del Zócalo del primer de diciembre de 2018. Con base en los datos del Coneval, ahora sabemos que de 2018 a 2020 “la inasistencia de la población que aún no completa la educación media superior aumentó tanto para la población de 3 a 15 años como para la población de 16 a 21 años, aunque de manera más pronunciada en el último grupo”. Lección: no bastan las buenas intenciones.
Bajo una idea tradicional de escolarización, este gobierno de “izquierda” también quiso abrir universidades del bienestar pero terminó generando “malestar”, como bien observó Roberto Rodríguez, al analizar, entre otras cosas, la contratación de profesores basada en el outsourcing (Campus Milenio, 22/08/21). Hacer que las ideas de justicia funcionen en la realidad no es fácil. Tanto la investigación independiente como la evaluación externa han mostrado que el programa de las Universidades del Bienestar Benito Juárez tuvo un mal diseño. Hay poco conocimiento del perfil de los jóvenes, hace notar Dinorah Miller, investigadora de la UAM, y por tanto, se asume que todos tienen las mismas condiciones y capacidades. Esto es un error, pues diversos filósofos nos han enseñando que tratar igual a los desiguales es un camino hacia la injusticia.
¿Qué hacer entonces? Construir ideas y probar que funcionen en la realidad. En ello, las universidades públicas y los centros de investigación tenemos una responsabilidad ineludible. Cuestionemos nuestras ideas, imaginemos formas de aprendizaje no escolarizadas, experimentemos, comprendamos cómo es la vida que la gente vive en realidad, y centrémonos en sus necesidades no en lo que imaginan poderosos personajes. El cerebro humano, dice Steven Pinker, psicólogo cognitivo de Harvard, es capaz de razonar dadas las condiciones correctas, sólo hay que identificar cuáles son estas circunstancias y ponerlas firmemente en práctica.
#HacemosCienciaNoDelincuencia
Investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
