En los pasados días ocurrieron dos hechos que merman la credibilidad de por sí ya cuestionada de dos funcionarios públicos del sector salud. El primero es la decisión del Congreso local de Querétaro de no sancionar a Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud de tal entidad, y el segundo es la omisión del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, de la presentación del semáforo nacional de Covid-19 debido a la imprecisión en los datos presentados por los 32 gobiernos locales de México. ¿Qué muestran estas acciones?
Hace unos días se conoció que Ramírez Argüello había ocultado el número de camas disponibles en centros de salud para atender a pacientes de Covid-19. Resultó muy penosa e irresponsable su acción por varias razones. Entre estas destacan la mentira, es decir, premeditadamente se ocultó información que debía ser de dominio público; la discriminación para ofrecer servicios de salud para personas foráneas; y, no menos importante, la vergüenza de que un funcionario público, que trabaja para la sociedad, se comporte de una manera que va en contra de los principios que conlleva ser uno, esto es, de aportar y no de no excluir.
Pero ahí, lamentablemente, no terminó la novela. A pesar de que claramente Ramírez Argüello declaró que no había dicho el número completo de camas disponibles para evitar que personas de entidades federativas aledañas, como el Estado de México y la Ciudad de México, fueran a atenderse en Querétaro, el Congreso local señaló que no habrá sanción para el secretario de Salud estatal. El motivo por el que no existiría la penalización, según la Mesa Directiva del Congreso, es porque las declaraciones del funcionario público “se debieron a una equivocación en su forma de expresarse”. Pero nosotros sabemos que no fue así y que la evidencia dicta una verdad diferente. En un funcionario público recae no sólo la responsabilidad de realizar de manera pulcra y ejemplar su trabajo, sea cual sea, pues tiene un contrato social que atender; sino de expresar con nitidez lo que sea que deba comunicar, pues de ello depende su labor y la seguridad de una población. No le busquemos más pies al gato, si hay incompetencia y negligencia, debe haber cambios.
Por otra parte, tenemos la declaración de López-Gatell quien señaló el viernes que no tuvimos semáforo nacional de Covid-19 para esa semana a raíz de la inconsistencia en los datos presentados por las entidades del país. Suena algo sacado de la manga por una serie de razones. Una de ellas es que por varias semanas los datos entregados por los estados habían sido lo más precisos posibles teniendo en cuenta las condiciones en las que trabajaban, es decir, sin poder realizar pruebas masivas por órdenes del gobierno federal, y sin contar con equipo y personal médico suficiente, resultado en el que mucho tuvo que ver la cadena de recortes al presupuesto en general que ejecutó la presente administración federal.
Otra es que la operación de los centros de salud de las entidades también es responsabilidad de la administración central, es decir, tiene que haber un seguimiento por parte de la secretaría de Salud federal, y si no se consiguió entonces alguien no hizo bien su trabajo. Finalmente, cabría preguntarse una vez más acerca de la aplicabilidad del modelo que optó el subsecretario de Salud. Lo conocemos desde que se empezaron a emplear medidas sanitarias en la pandemia de Covid-19 en el país, sin embargo, los datos mostrados por científicos y académicos han señalado que ha sido más impreciso que otros y que no refleja necesariamente la realidad del comportamiento de la pandemia. Con el tiempo esta situación se esclarecerá más todavía y entonces será más fácil, sin polarización derivada de los fanáticos políticos de tal o cual, poder emitir un juicio en la forma de atención a la pandemia de Covid-19.
@NielsRosasV (twitter)
