Hacia una política de Estado en materia de no discriminación.

Lídice Rincón Gallardo

Hace ocho años, en 2006, Gilberto Rincón Gallardo, entonces titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), asistió con, en aquel tiempo, presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en la promulgación del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Éste fue el primer instrumento de política pública que intentó sistematizar la experiencia que hasta la fecha se tenía en materia de lucha contra la discriminación, señalando tiempos precisos y actores institucionales para combatir la exclusión social.

Por supuesto, visto a la distancia, se trata de un texto perfectible y que responde a las coyunturas del momento. Pero vale la pena, ocho años después, recuperar la ruta que llevó a la creación de este texto, ahora que el actual titular del CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó un instrumento similar, pero que se ha localizado como una sección del Plan Nacional de Desarrollo 20014-2018.

Debemos recordar que la lucha contra la discriminación requiere, efectivamente, de la modificación de los marcos normativos para combatir la exclusión, pero que son las políticas públicas las que constituyen el brazo ejecutor de la voluntad política que plasma en la vida diaria el mandato constitucional de no discriminación.

Cuando la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación diseñó, en 2001, el proyecto de reforma constitucional y de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), constituyó al CONAPRED como la entidad encargada de coordinar la política del Estado mexicano en materia de no discriminación. Así, se quiso sustraer a esta tarea del regateo político, constituirla en algo más que patrimonio del partido en el poder y, además, situarla entre las prioridades de gobierno más allá de los periodos sexenales. En este sentido, al estructurar las obligaciones y tiempos de las dependencias de gobierno para realizar acciones a favor de las personas y grupos históricamente discriminados, también se quiso someter esta lucha a las demandas de la transparencia y rendición de cuentas.

La obligación de racionalizar los escasos recursos públicos destinados a la lucha contra la discriminación, en aquél momento, hizo que la gestión de Rincón Gallardo creara una red de lineamientos de política pública que resultaron del cruce de cuatro espacios fundamentales de la vida social –trabajo, educación, salud y acceso a la justicia– y once grupos determinados por el diagnóstico correspondiente como de atención prioritaria –niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, personas de la diversidad sexual, migrantes, personas que viven con VIH/ Sida, grupos religiosos, personas migrantes y refugiadas, indígenas y mujeres. En el programa de reciente promulgación, por supuesto, los grupos y las prioridades son otras, dado que nos encontramos en un momento distinto y la lucha contra la discriminación ha avanzado. Sin embargo, cabría preguntarnos en qué medida hemos entendido la importancia de un instrumento de política pública como el referido programa.

La no discriminación es una causa ciudadana que se elevó a acción de Estado, dada la magnitud del problema que representa.

A ocho años de distancia del primer Programa Nacional en materia de igualdad y no discriminación, tenemos la certeza de que hemos aprendido de los aciertos y errores del camino emprendido. Sabemos que hay temas que generan una polémica espontánea en cuanto se ponen a discusión –la pluralidad religiosa o la diversidad sexual– y otros que provocan un consenso casi absoluto –la lucha a favor de las personas con discapacidad o la niñez. Pero tenemos que constituir un Estado laico, plenamente incluyente, que racionalice sus recursos materiales y humanos para la atención de aquellas personas que históricamente hemos situado en la periferia en vista de prejuicios y estigmas discriminatorios. A ellas y ellos es que debemos acciones responsables y la articulación de una auténtica política del Estado mexicano en temas de igualdad y no discriminación.

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