Inaugurado formalmente el pasado martes, el proceso electoral renovará la totalidad de la Cámara de Diputados en el ámbito federal y en el contexto local estarán en juego 9 gubernaturas, 17 congresos locales, elecciones de ayuntamientos en 16 estados y las delegaciones del Distrito Federal.

Existen buenas razones para pensar que estamos ante un proceso sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Acaso lo más evidente sea que asistiremos al ejercicio democrático bajo una nueva legislación electoral implantada con el objetivo de estandarizar las reglas sobre la organización de los procesos electorales, las instituciones electorales y los partidos políticos, con el objetivo de que en el corto y mediano plazo se eleve la calidad con la que se ejerce el sufragio en todos los extremos del país. El nuevo modelo hace del INE el órgano rector del nuevo modelo electoral, con una competencia total sobre las elecciones federales y estatales, y una distribución de responsabilidades que permite la convivencia con los OPLEs pero que claramente se orienta hacia la centralización paulatina, tal y como se advierte en la determinación de la casilla única o del sistema nacional de fiscalización.

De la misma forma, se ha procedido a la renovación de las instituciones electorales, empezando por el propio INE, en cuya composición ahora conviven 11 consejeros electorales, y que a su vez ha tenido la responsabilidad de infundirle nueva legitimidad a los ahora Organismos Públicos Locales Electorales, de la misma manera como lo ha hecho el Senado de la República con la designación de los magistrados.

El proceso electoral que está comenzando tiene como novedades adicionales a tres nuevos actores políticos que junto con los siete partidos existentes desvelan un sistema de partidos en donde los polos ideológicos están nítidamente planteados y en donde la oferta política se verá enriquecida con propuestas de centro, moderadas y de plena izquierda o derecha. Las modalidades de participación política se encuentran igualmente vivificadas con la apertura del derecho ciudadano a postularse mediante una candidatura independiente, con el derecho a participar en las consultas populares, y con la nueva expectativa de los representantes populares a ser reelegidos en sus cargos.

Eso no es todo, en los próximos comicios acudiremos por primera vez a las urnas a unas elecciones con fecha distinta. Acostumbrados como estábamos a reservar el primer domingo de julio al ejercicio comicial, hoy tendremos que concurrir un mes antes, antes del periodo vacacional, lo que sin duda arrojara interesantes datos de participación ciudadana al final de la contienda.

Como nunca, las campañas electorales se verán revitalizadas por el debate de temas de verdadero impacto nacional que hoy se han posicionado en la opinión pública como consecuencia del activismo político que han permitido las consultas populares. En gran medida, los spots y las campañas tendrán como contenido el tema del incremento al salario mínimo, la reforma energética o la disminución de plurinominales, con lo cual, el ejercicio comicial dejará de lado los temas clásicos de campaña para centrarse en renovadas propuestas y discursos de mayor entidad política.

Finalmente asistiremos a un proceso electoral en condiciones preocupantes, principalmente por la cada vez más abierta presencia del crimen organizado en la política. Como pocas veces en la historia, la sociedad se encuentra altamente sensibilizada en este tema después de la dramática desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, como consecuencia del contubernio entre el crimen organizado, la policía municipal y algunos miembros del ayuntamiento de Iguala. Lo anterior no es menor, e impone que como ciudadanos seamos mucho más cautelosos a la hora de emitir el sufragio; pero el contexto debe obligar a los partidos a que como nunca antes establezcan filtros verdaderamente exigentes en la selección de sus candidatos, debe impulsar a las instituciones de seguridad del Estado, federales y estatales a colaborar con la información o las investigaciones que obren en su poder, y posicionar a las instituciones electorales como ejes articuladores de los esfuerzos encaminados a que la vida democrática de nuestro país deje de ser tan permeable frente a la delincuencia.

Como se aprecia, por buenas y malas razones, estamos en el primer tramo de un proceso electoral inédito, cuyos resultados servirán de faro orientador de los ajustes futuros.

Investigador del IIJ de la UNAM.

@AstudilloCesar

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