Hacia la sociedad del conocimiento

Rosaura Ruiz

La semana pasada se publicó en el Diario Oficial el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, al tiempo que se anunciaron diversas reformas y adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y a la Ley Orgánica del Conacyt. Dichas reformas y, en lo general, el programa referido buscan fomentar que México se coloque en la ruta hacia una sociedad y economía basadas en el conocimiento.

Entre lo más destacable de la reforma tenemos el mandato legal por convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad (artículo 2). Pero, sobre todo, el mandato a Conacyt para que dirija la creación del “Repositorio Nacional”, una plataforma digital centralizada que almacene y preserve la información científica, tecnológica y de innovación derivada de las investigaciones que se producen en México con fondos públicos, esto con el fin de democratizar dicha información haciéndola disponible a la población general en formatos digitales (artículos 2 y 64).

De lo que se trata es de lograr que en México exista el “Acceso Abierto” al conocimiento por medio de una plataforma digital que facilite compartir y divulgar información científica y tecnológica; ofrezca herramientas actualizadas para el trabajo en los centros de investigación y las empresas; dote a los docentes de fuentes que apuntalen sus conocimientos temáticos; y, en última instancia, coadyuve a la formación de una sociedad que se informa, comunica y genera conocimiento de manera regular.

Sin embargo, es importante entender el proceso desde la producción del conocimiento hasta su publicación para ubicar los cambios que se deben promover. Por un lado está el caso de las revistas científicas internacionales más prestigiosas y sus políticas editoriales. Dichas revistas basan su negocio, en el caso de las revistas restringidas, cobrando cantidades altísimas para permitir el acceso a sus contenidos, por ello son pocas las instituciones académicas del mundo que tienen acceso a todas ellas —en México, el Conacyt y las más importantes instituciones de investigación unieron recursos para adquirir colectivamente las publicaciones electrónicas de mayor relevancia—. Pero también, y esto lo hacen las revistas restringidas y las de libre acceso, parte de sus recursos los obtienen cobrando a los autores para incluir sus artículos, esto a pesar de que las mismas dependen del trabajo de los científicos para su existencia, ahí está la tradición de la revisión de pares que es, además, realizada gratuitamente.

Por otro lado, las políticas de evaluación mundiales obligan a los investigadores a publicar en estas revistas de prestigio, cuestión que se complica en nuestro país ya que son muy pocas las revistas científicas nacionales reconocidas mundialmente. A esto habría que agregar la presión que se da en el ámbito científico debido a que una investigación no publicada es casi inexistente (publish or perish). De manera que no será fácil convencer a los científicos para que cambien su objetivo de publicar en una revista de prestigio internacional a otras de reciente aparición.

Encontrar la solución a estas cuestiones pasa por: promover que nuestros científicos publiquen más en las revistas de prestigio internacional dotándoles de mayores recursos; generar más revistas científicas nacionales con ese nivel de rigor y calidad, de acceso abierto y restringidas; y por garantizar el acceso abierto de todas las publicaciones realizadas por nuestros investigadores sin entrar en pugna con las revistas que los publican.

Sin duda el paso en materia legal es acertado y bien puede llevar a la construcción de la sociedad del conocimiento que requiere el sistema científico-tecnológico nacional.

 

Directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM

Comentarios