El paquete de reformas electorales que aprobó la Cámara de Diputados, que más allá de la denominación (“plan B”, “plan C”) llegó a ser discutido y votado por el Senado, escondió un “Caballo de Troya” en Derechos Humanos y transparencia: impulsa la #LeyChayote con respecto a la asignación y distribución de recursos vía publicidad oficial.
De acuerdo con un comunicado emitido por las organizaciones Artículo 19 y “Fundar. Centro de Análisis e Investigación”, la minuta que llegó a consideración de senadoras y senadores como Gilberto Herrera y Alfredo Botello, “no cumple con los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial (…)”.
Las asociaciones con trayectoria y prestigio en libertad de expresión y derecho a la información, advirtieron que el documento jurídico “prescinde de principios como el de pluralidad mediática, equidad, no discriminación y rendición de cuentas como directrices para asignación del gasto de publicidad oficial”.
El contenido del documento recibido por la Cámara Alta parece no reconocer el “estado de cosas inconstitucional” que señaló la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con respecto a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) conocida como #LeyChayote, por la falta de criterios en la asignación de recursos públicos a medios.
¿Por qué es importante insistir? Porque a cuatro años de la llamada “transformación”, el marco jurídico no cambia lo suficiente para poner límites, claridad ni criterios base que eviten el despilfarro y la discrecionalidad en los recursos del erario (de las y los contribuyentes) que van a parar a medios de comunicación, vía publicidad oficial.
Aunque ha disminuido el monto -en su conjunto- que el gobierno del Presidente López Obrador destina al rubro y los medios, en comparación a los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón, sigue existiendo la falta de lineamientos o directrices para evitar los favoritismos, los “premios” (metáfora de “la zanahoria y el garrote”) y el escrutinio para que los sujetos obligados (gobiernos federal, estatales y municipales, principalmente) entreguen cuentas.
No conforme, incluso el documento es retroceso porque sugiere cambiar la denominación a “entes públicos”, en vez de “sujetos obligados”, lo que implicaría el riesgo y la opacidad: personas físicas y morales de carácter privado “queden fuera del escrutinio público” aunque reciban millones de pesos provenientes del erario.
Los derechos de las audiencias otra vez son minimizados o no se les concede la relevancia necesaria, porque la clase política de ahora —sobre todo la coalición gobernante Morena-PT y PVEM y sus bancadas— debería partir de reconocer la inconstitucionalidad de los cambios que hicieron a finales de 2017, en el capítulo “Derechos de las Audiencias” de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“Otra falencia está en la omisión de establecer parámetros, órganos y procesos de medición de audiencias, rating, tiraje e impacto; aspecto central para construir las estrategias de comunicación social y para la definición de los medios de comunicación idóneos en el despliegue de los mensajes”.
Condena al ataque contra periodista Ciro Gómez Leyva
El intento de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva (“Imagen TV”), ocurrido la noche del jueves 15 de diciembre en la capital, debe motivar dos cosas: 1.- Condena enérgica contra la agresión, porque se trata de inhibir la libertad de expresión, 2.- No olvidar el análisis de la relación de unos periodistas con el poder económico y élites asociadas a la corrupción.
Periodista y profesor de la UAQ
