Hace dos días, se aprobó un dictamen en comisiones del Senado sobre la Guardia Nacional. Pero, paradojas de la vida parlamentaria, el dictamen aprobado no es el dictamen que se aprobará, sino solo un vehículo para subir el asunto al pleno. Y sí, llegó ayer algo al pleno y se le dio primera lectura, pero, según parece, eso sigue sin ser el dictamen. El bueno bueno, aún se está cocinando, incorporando, según dicen los integrantes de la mayoría, algunas aportaciones de la oposición.

¿Qué aportaciones y en qué dosis? No se sabe aún. El PRI, que es el actor central en este jaloneo, estaría pidiendo un mando plenamente civil para la Guardia Nacional y más recursos para estados y municipios. Pero resulta que el PRI no es unitario y su posición no es homogénea y caben en su interior una docena de gobernadores que ya se reunieron con el gabinete de seguridad para dar un sí entusiasta a la propuesta y una legión de senadores con ganas de hacer frente común con la oposición y derrotar el proyecto. En ese contexto, la proverbial moneda está en el metafórico aire.

Pero esa no es la única complicación del asunto. Por momentos, el gobierno parece estar en modo Titanic, dispuesto a aprobar lo que sea que lleve el título de Guardia Nacional, antes de que se hunda el barco. Y para lograr esa aprobación, los operadores legislativos de la mayoría han buscado y cabildeado y perseguido a los legisladores de oposición que se necesitan para llegar al umbral de las dos terceras partes. Pero al mismo tiempo, el presidente López Obrador dinamita los acercamientos, criticando en conferencia mañanera al PRI y al PAN por poner resistencia al proyecto. Y remata diciendo que no aceptará muchos cambios, porque eso sería “simulación”.

Nada de esto debería de estar sucediendo. Nada de esto debería de ser tan difícil. La aprobación del Presidente está en los cielos. La propuesta de Guardia Nacional es extraordinariamente popular: ocho de cada diez mexicanos dicen quererla. Los votos necesarios para alcanzar la mayoría constitucional no llegan a la decena. Pero con todo, esto está sucediendo y esto está de pronóstico reservado.

¿Por qué? No estoy seguro, pero se me ocurre que la oposición está cayendo en cuenta de que la responsabilidad por la situación de seguridad no es transferible y que, con o sin Guardia Nacional, los costos van a recalar en el gobierno. Si naufraga el proyecto, el presidente y sus aliados podrían intentar pasar la responsabilidad por homicidios, secuestros y desapariciones a la oposición. Dudo que funcione: en última instancia, la culpa la tiene quien manda y quien gobierna. Y dado eso, se vuelve apetecible para los partidos de oposición meterle un tropezón legislativo a la aplanadora morenista.

Ahora, no está de más recordar que el gobierno se metió solito en este berenjenal. Podrían haber creado un cuerpo intermedio, formado por unidades de Policía Militar y Naval, con cualquier nombre distinto a Guardia Nacional para evitar las resonancias constitucionales, y ubicado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con eso, se hubieran evitado la necesidad de cambiar la Carta Magna y tendrían desde diciembre un instrumento no enteramente distinto al que se discute en estas fechas.

Pero el Presidente propuso algo llamado Guardia Nacional y ahora está urgido de algo que se llame Guardia Nacional, se parezca a lo que se parezca.

Y aquí estamos, a horas de una decisión crucial, sin claridad alguna sobre lo que se acabará votando, sin certeza alguna del resultado.

No sé, pero se me ocurre que esta no es la mejor manera de procesar cambios de esta magnitud.


alejandrohope@outlook.com.
@ahope71

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