Mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador declara que las noticias derivadas del hackeo del grupo Guacamaya Leaks “no son nota”, algunos medios hegemónicos están pagando a periodistas para que entreguen una nota diaria con información contenida en los archivos extraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Es innegable que la información hackeada por Guacamaya Leaks es de interés público. La ciudadanía tiene derecho a conocer la manera en que se conducen las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Guardia Nacional (GN). Sin embargo, hoy en día, el problema es el uso mediático y las publicaciones que incumplen los requisitos mínimos que demanda un ejercicio con rigor periodístico.

Se trata de un “periodismo” que reproduce extractos de los archivos hackeados sin pasar por ningún tipo de validación. En lugar de cotejar, comprobar y contrastar la información, el contenido encontrado se replica en función de los temas considerados más espectaculares y sin proteger datos que podrían poner en riesgo a diferentes personas. Incluso, exponiendo la seguridad nacional.

No se presenta información concreta que permita mostrar que el Ejército está actuando en contra de la ciudadanía o de su comandante supremo, el presidente de la República. Ni tampoco se comparten pruebas que acrediten la corrosión de la institución de las FFAA y la GN.

En términos generales, la información de los medios tiene más un cariz electoral, dirigido a incidir en la disminución de la confianza de los simpatizantes de la 4T, con miras a los comicios de 2023 y 2024, que el propósito de desenmascarar las acciones de las FFAA y la GN, lo que permitiría esclarecer casos terribles y dolorosos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En este momento sería importante documentar las acciones perpetradas por el Ejército. Aquellas que impiden el acceso a la justicia de víctimas que han sufrido agravios por miembros de esta corporación y romper con la histórica impunidad estructural. A cambio, los medios llenan sus espacios con notas dirigidas a descalificar al gobierno en turno.

Estas prácticas mediáticas son preocupantes. Una prensa que golpea, en lugar de situarse en una posición crítica, y abandona la tarea de difundir información para que la ciudadanía tome sus propias decisiones, termina contribuyendo a la polarización de la sociedad y limitando el acceso a la justicia.

Ciertamente, hay algunos medios de comunicación y periodistas responsables que, antes de publicar información obtenida a través de Guacamaya Leaks, reportean para ofrecer a la población un periodismo informado y ético.

El hackeo de Guacamaya Leaks constituye un grave problema de seguridad nacional. Pero, también, es una cuestión de interés público que abre la oportunidad a la ciudadanía para exigir transparencia con respecto a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Y, quizá, contribuya a situar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en posición de exigir al Ejército que cumpla con la obligación de transparentar e informar a la población sobre las acciones que realiza.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale