En 1992 el gobierno de Salinas de Gortari promovió modificaciones a la ley del servicio público de energía eléctrica con el fin de evadir, por la puerta de atrás, el artículo 27 constitucional que señalaba que la generación de energía eléctrica correspondía de manera exclusiva al estado mexicano.
Dentro de estas modificaciones estuvo la introducción de los contratos de “autoabasto”, cuyo sentido era permitir a una empresa generar su propia electricidad para llevar a cabo sus procesos de producción o servicios. Sin embargo, con el paso del tiempo este esquema se fue pervirtiendo y se cayó en el franco abuso por parte de empresas que obtenían contratos de autoabasto pero que en realidad los usaban para generar electricidad y luego venderla a otras empresas, todo con la clara permisividad del gobierno federal en turno y del aparato judicial, el que nunca alzó la voz ante la flagrante violación de la constitución, pues ninguna ley secundaria puede estar por encima de ella.
Con este tipo de contrato comenzó a operar en nuestro país la empresa española Iberdrola, en 2002, durante el gobierno del panista Vicente Fox. Es muy importante señalar que es absurdo que Iberdrola opere con un contrato de “autoabasto” pues esa empresa no produce ningún producto, sino a generar, transmitir y vender energía eléctrica.
El esquema fraudulento que usa Iberdrola y otras empresas, principalmente extranjeras, es que obtenían fácilmente permisos de autoabasto y después incorporaban a supuestos “socios”, cuando en realidad eran otras empresas a las que se les vende, de manera ilegal e ilegítima, energía eléctrica. Por ejemplo, su central eléctrica en Monterrey comenzó a operar con 44 “socios” y actualmente son ya casi 500. La realidad es que no son socios de Iberdrola pues no detentan paquetes accionarios de la empresa.
Debido a lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía impuso una multa a Iberdrola por poco más de 9 mil millones de pesos. Inmediatamente la empresa recurrió a su juez favorito, Juan Pablo Gómez Fierro, el que, otorgó inmediatamente un amparo con una suspensión provisional, que posteriormente se convirtió, en definitiva, con el fin de que Iberdrola no pagara dicha multa, causando así un daño al erario por tal monto.
Mientras integrantes del aparto judicial sigan privilegiando intereses extranjeros por encima de los intereses nacionales, la recuperación del sector público será más lenta. Es hora de investigar a estos jueces que permanentemente operan a favor de empresas extranjeras.
Académico de la UAQ. anbapu05@yahoo.com.mx
