Gobierno estatal, la simulación y el subejercicio

La Universidad tiene una población de 35 mil personas. El recurso público que se aporte podría beneficiar a miles de familias, y permitiría que gente de escasos recursos tenga acceso a un derecho humano como la educación.
01/11/2018
05:56
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Gobierno del Estado tiene un subejercicio acumulado de recursos por 5 mil 363 millones de pesos, durante 2016 y 2017, de acuerdo con un documento oficial en donde viene el nombre de Juan Manuel Alcocer Gamba, secretario de Planeación y Finanzas del gobierno encabezado por Francisco Domínguez Servién, y el logotipo del Poder Ejecutivo estatal.

Es decir, más de 5 mil millones que solicitaron y que no han utilizado. Aquí pueden venir preguntas como: ¿por qué no se usan eficientemente los recursos públicos? ¿Qué áreas se descuidaron? ¿En qué se pueden ocupar esos miles de millones de pesos de manera que tengan un beneficio social?

La educación es un derecho humano consagrado en el artículo tercero de la Constitución. Además, tenemos una Ley General y una Ley Estatal sobre Educación.

Valdría la pena que con esos recursos, el gobierno proporcionara una parte, a fortalecer la educación pública, en particular a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El “paro académico” de este lunes 29, con distintas actividades y asambleas informativas, mostró esta situación, así como lo que se exige a Domínguez Servién: que el subsidio para el presupuesto 2019 sea equivalente al que aportará el gobierno federal, como acontece en otras entidades, y que respaldaría económica y socialmente a la Universidad.

De acuerdo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a las universidades públicas estatales será con base en la inflación, y las estimaciones realizadas al interior de la Universidad contemplan que el subsidio federal sea de aproximadamente mil 428 millones de pesos.

El presupuesto solicitado para 2019, en el caso de la UAQ, sobrepasa los 3 mil millones de pesos, que incluye los millones que la Universidad aporta vía recursos propios.

En los hechos, no así el discurso, Gobierno del Estado continúa limitando la educación. Simula apoyar a la Universidad, pero en los documentos y acciones, no lo hace. El secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, evade o no responde los cuestionamientos que le hacen en las sesiones de Consejo Universitario.

Las prioridades del gobierno van por otro camino. Prioriza el gasto en publicidad oficial o en cuidar su imagen, en comparación a respaldar económicamente a la Universidad. Como lo documentó y publicó el Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI), este año ha comprometido 114 millones de pesos de recursos públicos en medios de comunicación, en contratos y convenios firmados en su mayoría en el marco de la campaña electoral.

Si nos atenemos a la cifra de subejercicio, “ahorro” en la terminología del documento oficial, lo que pide la Universidad es aproximadamente la tercera parte. El resto podría ocuparlo en cuestiones de salud y programas sociales, por ejemplo.

La Universidad tiene una población de 35 mil personas. El recurso público que se aporte podría beneficiar a miles de familias, y permitiría que gente de escasos recursos tenga acceso a un derecho humano como la educación.

Además, la Universidad es una de las mejores instituciones de educación superior en el país, de acuerdo con revisiones y evaluaciones de organismos internacionales y nacionales.

Faltan pronunciamientos de la Defensoría DH. Decenas de ciudadanos nos quedamos esperando un pronunciamiento o llamado de atención de la titular de la Defensoría Derechos Humanos en el estado, Roxana Ávalos, hacia el gobernador Francisco Domínguez, después de las expresiones de xenofobia contra migrantes, en particular los de Venezuela. Ahora, con contradicciones y limitaciones en el derecho humano a la educación, valdría la pena que la defensora hiciera una recomendación y pidiera prudencia al mandatario estatal.

 

 

 

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