No es la primera ni será la última ocasión que la delincuencia organizada participa en una elección; no es ni será la última vez que pongan o compren gobernadores, secretarios de estado, procuradores o fiscales, senadores o diputados locales y federales, o presidentes municipales, jefes policiacos y hasta miembros de las fuerzas armadas. Y aunque no sabemos si hayan puesto ya a un presidente, los mexicanos tenemos dudas de si a alguno le financiaron su campaña.

Entre lo más destacado de la campaña y de la elección del pasado 6 de junio fue el papel omiso e indiferente del gobierno y de López Obrador, frente a la acción abierta y descarada del narco a favor de Morena y sus aliados; ante el número de candidatos asesinados; la cantidad de incidentes violentos denunciados; el secuestro y amedrentamiento de candidatos y representantes de partidos en las casillas; y la compra de votos.

Pero lo que más llamó la atención fue que todos los cárteles intervinieron. La duda que queda es si lo hicieron a petición de parte, con la venia de los beneficiados o para negociar ventajas para garantizar la producción, venta o trasiego de drogas sin ser molestados.

Parece un hecho que este gobierno ha otorgado la amnistía de facto a la delincuencia organizada (por convicción o por conveniencia). Esto se nota en lo poco o casi nada que se ha hecho para contenerlos; en el creciente número de muertos a manos de la delincuencia organizada sin que se haga lo mínimo para frenarlos; que los cita por su nombre de pila y no por sus alias, porque no les quiere faltar al respeto; que a diferencia de otros sectores —como los padres de niños con cáncer—, a ellos sí los atiende y hasta acude a sus festejos como comensal, como lo hizo en el cumpleaños de Ovidio, a quien meses atrás él ordenó liberar, violando la ley, al contravenir una orden judicial de aprehensión.

Entre las dudas que surgen tenemos, están las siguientes: si esta intervención fue pactada con Morena, o le fue impuesta y ¿a cambio de qué? ¿les permitieron designar candidatos; cuántos; quiénes; en qué localidades; para qué puestos? ¿qué candidatos se “doblaron” y aceptaron colaborar para ellos? ¿castigará el gobierno a los asesinos materiales e intelectuales de los 100 candidatos? ¿aceptará AMLO repetir las elecciones en aquellos municipios, distritos o estados donde el narco operó a favor de su partido; o preferirá que las cosas se queden como están para no perder posiciones?; ¿qué harán Gobernación, la Fiscalía General de la República, los organismos civiles y militares de inteligencia y el propio INE para evitar el surgimiento de la fracción parlamentaria o de gobiernos Morenarcos?

Si fuera inevitable ¿pondría en riesgo al país de acercarnos a un estado fallido?; ¿buscaría el apoyo de Biden para combatirlos?; ¿con qué autoridad moral gobernarían, él, su partido y sus adláteres?

Preocupa que el Estado pudiera renunciar a su responsabilidad de garante de la paz, el orden y la estabilidad del país; que la oposición no levante la voz para denunciar y evitar este atropello a la democracia; que se utilice al estado mexicano y a sus instituciones para promover y gestionar intereses inconfesables; y, la indefensión en que quedamos los mexicanos ante la destrucción de las instituciones.

Ante la pregunta ¿gobierno de morenarcos?, urgen aclaraciones que despejen las dudas que hoy se multiplican; y con ello evitar que se pervierta nuestra democracia.  

Periodista y maestro en seguridad nacional