La “noche neoliberal” que cubrió al país durante 30 años, marcó de forma fatal la forma en la que los gobiernos y sus representantes, de todos los niveles, ejercían los cargos públicos originalmente encomendados por el pueblo para servirle a la comunidad y, por el contrario, generó que muchos optaran por servirse de ellos y lograr un beneficio personal.
Para hacerlo, se valieron de diversidad de estrategias, acuerdos, componendas y concesiones que les permitieron enriquecerse con la malversación de recursos destinados a programas sociales, obras de infraestructura o dotación de servicios públicos que nunca llegaban a sus destinatarios o eran deficientes en atender la necesidad real de la gente, aunque “oficialmente” aparecieran pagados en su totalidad.
Estos evidentes actos de corrupción, se sumaban a otro de los grandes lastres que dejó al país la llegada de gobernantes más preocupados por satisfacer ambiciones personales que por garantizar el bienestar de la ciudadanía, una insuficiencia presupuestaria recurrente para atender las necesidades básicas de las poblaciones y, sobre todo, una mala aplicación de la legislación vigente y la normatividad a la hora de reflejar dichos presupuestos mermados, en beneficios sociales.
En ese contexto, y particularmente en los ámbitos municipales, el crecimiento demográfico ha impactado aún más en la capacidad de brindar servicios públicos de calidad a la ciudadanía. La suma de corrupción, bajos presupuestos y mayor necesidad de los servicios, provocaron que, en muchas ocasiones, el Estado fallara en su obligación de garantizar derechos tan elementales y universales como el del “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” o el “derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, ambos establecidos en el Artículo 4° de nuestra Constitución Política.
Por ello, y seguro de que la Cuarta Transformación del país que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las mujeres y hombres que lo acompañamos en esta búsqueda de un cambio verdadero, no debería ser sólo una revolución de las conciencias, sino un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado mexicano asume su responsabilidad con el territorio y población donde ejerce su autoridad, en días pasados presenté ante el Senado de la República, una Iniciativa de Reforma al Artículo 115 de nuestra Carta Magna.
En dicha iniciativa, expreso la necesidad de que el Estado Mexicano logre garantizar los derechos ciudadanos en materia de acceso al agua y saneamiento así como de limpia, la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos a los municipios que integran las entidades federativas, que hoy la propia Constitución confiere a los municipios que integran las entidades federativas, de acuerdo a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, considerando, en principio, que el inciso referido fue reformado en 1999, es decir, hace poco más de dos décadas, periodo durante el cual, la población nacional ha crecido, aproximadamente, en 25 millones de habitantes. Segundo, porque las capacidades financieras y operativas de los 2 mil 457 municipios que existen, son muy diversas, y así como existen municipios con una alta recaudación que les permite por sí mismos prestar dichos servicios o, como se ha optado en distintas latitudes en tiempos recientes, concesionarlos.
Es en ese punto, en el de las concesiones, es en donde cobra relevancia la iniciativa de reforma constitucional presentada, ya que con ella buscamos que quede estipulado, desde el máximo ordenamiento jurídico del país que, en todas aquellas concesiones en materia de recolección de basura, así como del agua, que otorguen los municipios mediante licitación pública, se requiera la observación de la normatividad federal.
Igualmente, con la propuesta se busca que, de existir la necesidad de condicionar alguno de estos servicios públicos, se requiera la opinión técnica de la autoridad en la materia, todo con el fin de garantizar que los términos en los cuales se pretende otorgar una concesión, sean los más correctos técnicamente hablando, sin que ello implique una violación a la autonomía municipal.
Así, nuestra iniciativa busca que la concesión de este tipo de servicios sirva cabalmente para el objetivo principal para el que es requerida: atender la necesidad de la prestación, de la mejor forma posible. Si con ello podemos evitar la corrupción o mala planeación de este tipo de concesiones, con varios ejemplos negativos detectados en casos similares a lo largo y ancho del país, haciendo obligatoria la opinión técnica de las autoridades en materia ambiental y del agua, habremos dado un paso más en la transformación integral que México demandó durante años y hoy estamos viviendo.
