Extraordinario paso el dado por los diputados federales que aprobaron reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para echar fuera al llamado “fuero constitucional”, que protegía, entre otros, a los funcionarios electos mediante voto popular de la acción penal.
Ahora dichos funcionarios, Presidente, gobernadores, senadores y diputados tendrán que enfrentar a la justicia prácticamente como lo hace cualquier ciudadano. Ahora tendrán que acudir ante el Ministerio Público (Fiscalía, según el caso) y en su momento ante el juez. Es cierto que los funcionarios enfrentarán las acusaciones de las que sean objeto en libertad, pero si el juez los encontrara culpables en el momento de ser sentenciados (concretamente en el momento en el que la sentencia causa estado o queda firme), los delincuentes en cuestión deberán ser detenidos y encarcelados.
Lo logrado es importante, ya que sin estas reformas el funcionario —presunto delincuente— no tenía la obligación de enfrentar las acusaciones y presentarse ante el Ministerio Público y el juez, sino hasta que fuese o desaforado o el periodo para el cual fue electo haya concluido.
Este hecho, hasta hoy legalmente aplicable, más una mala interpretación de lo que era el llamado “fuero constitucional” por parte de policías, agentes del ministerio público y en general por la población, permitía que acciones contrarias a derecho (faltas administrativas y hasta delitos) quedasen impunes. Por ejemplo, los desmanes ocasionados por “un diputado borracho” debieron ser considerados como faltas administrativas y, dado que ahí no había fuero que valiera, el “ilustre representante popular” debió ser detenido hasta las 72 horas que permite la ley tal y como lo vienen haciendo las autoridades de la Ciudad de México que sí entendieron lo que es y era el fuero al aplicar los programas de alcoholimetría; ahí no discriminaron a personaje alguno y vimos hasta senadores, como el “Niño verde”, cumpliendo sus horas de detención al interior del famoso torito.
Ahora sí podremos decir que “el que la hace la paga”, y esto es sumamente importante, ya que con ello podremos y deberemos limitar el poder extractivo de la clase gobernante. Es decir, las reformas aprobadas contribuyen a transformar nuestras instituciones políticas de tal manera que su carácter extractivo (que significa que los beneficios y garantías sólo son para unos cuantos en perjuicio de la mayoría) ahora avanzan hacia ser inclusivas (beneficios y garantías iguales para toda la población, cero privilegios), tal y como lo señalan los investigadores Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro Por qué fracasan los países. Ello, sin duda, nos permitirá avanzar también en la transformación de las instituciones económicas, lo que finalmente nos permitirá abatir desigualdades y generar oportunidades de crecimiento, desarrollo y bienestar para todos. En suma, México da un gran paso en la dirección correcta. Un paso que otros países, cuya calidad de vida en promedio es muy superior a la nuestra, dieron hace siglos y décadas.
Por lo anterior, ahora nos corresponde a los ciudadanos, sobre todo hoy que somos vistos como “votos” por parte de los políticos, el exigir a los Senadores de la República y a las legislaturas de nuestros estados la pronta aprobación de las reformas comentadas.
Fuente de los deseos. Ojalá el Senado de la República y las legislaturas de los estados aprueben a la brevedad las reformas constitucionales en comento y los funcionarios que delincan acabn como cualquier otro criminal: enfrentando la justicia y, cuando corresponda, en la cárcel.
