Fiscalía anticorrupción y su futuro

Arturo Maximiliano García

Uno de los temas que fue escalando en importancia en la agenda pública en lo que va del sexenio fue el de la corrupción, práctica que en nuestro país no sólo no ha disminuido sino que además de consolidarse se ha sofisticado.

Durante la campaña presidencial de 2012 todos los candidatos hicieron alusión a la corrupción como un tema que se combatiría castigando a quienes llevaran a cabo este tipo de prácticas. Incluso EPN presentó en noviembre de 2012 una iniciativa que propuso la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, ni el presidente ni los partidos políticos le dieron prioridad al asunto. Había cosas más importantes sobre las cuales legislar. Si bien el tema sí fue incluido en el Pacto por México, no fue prioritario. Las reformas política, de telecomunicaciones, educativa y energética eran urgentes tanto para partidos como para la Presidencia, por lo que inexplicablemente dejaron fuera la reforma anticorrupción, al menos hasta que otros eventos la pusieron de nuevo en primer lugar de las demandas de la opinión pública.

Reitero que fue inexplicable, al menos para mí, por qué dejaron de lado la reforma anticorrupción, ya que tanto el nuevo marco en materia de telecomunicaciones como en el sector energético implicaban concesiones y contratos del gobierno con particulares que requerían llevarse a cabo bajo un nuevo esquema de normas que evitaran lo que ha pasado en México en buena parte de este tipo de acuerdos, donde las adjudicaciones de licitaciones han estado históricamente acompañadas de beneficios para los funcionarios que las concedieron.

El hecho es que el agua llegó a los aparejos de la clase política, cuestionada por los asuntos de OHL, la casa blanca y otros en todos los niveles de gobierno, independientemente de colores. Detectando esta situación el PAN retomó el tema y salió a abanderar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, al tiempo que una reforma constitucional creó la fiscalía especializada en materia de corrupción que operará en la estructura de la PGR.

En principio suena bien contar con un zar anticorrupción, pero un acontecimiento que ha ocupado la atención de los medios por los últimos 20 días me hace pensar que el futuro de la fiscalía anticorrupción pudiera no ser promisorio.

El 25 de noviembre la FEPADE, en materia de delitos electorales, solicitó orden de aprehensión contra Arturo Escobar, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, acto que generó debate y fuerte golpeteo entre actores como el propio fiscal anticorrupción, dirigentes de los partidos políticos y el acusado. Hoy, a poco más de dos semanas, los papeles se invirtieron y el acusador se convirtió en acusado ante un embate de grupos de poder, quienes ya solicitan su destitución, no por una posible deficiencia jurídica en su solicitud de orden de aprehensión, sino por una supuesta relación política con el PRD que estaría aparentemente viciando su actuar.

Es esto lo que me lleva a pensar que cada vez que un fiscal anticorrupción quiera meter a la cárcel a un político de peso, el litigio no se dará en los tribunales sino principalmente en la arena política queriendo desacreditar al fiscal y su imparcialidad.

Creo también que llegado el momento de elegir a quien será el primer fiscal anticorrupción, no habrá una sola persona con experiencia probada que no tenga liga o vínculo de algún tipo con alguna administración federal, estatal o municipal o que incluso sea militante de partido político, lo cual no está prohibido. Esto hará que siempre se cuestione el actuar del fiscal, estando etiquetado como un operador de algún partido o gobierno.

Se ve difícil darle vida a la fiscalía anticorrupción si los partidos políticos y el propio gobierno federal no dan su respaldo público a quien vaya encabezar este nuevo organismo que tendrá la compleja tarea de denunciar a los corruptos, quienes pudieran ser quizá a la larga alguna de esas personas que en principio aplaudan o respalden su nombramiento.

Abogado con maestría en Políticas Públicas. @maximilianogp

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