La participación ciudadana se obtiene determinando la proporción que representan los ciudadanos que efectivamente sufragaron el día de la jornada electoral, del total de aquellos que cumplen con los requisitos legales para votar.

En la mayoría de los regímenes democráticos, el abstencionismo es un fenómeno electoral cuantitativamente significativo y consiste en no votar. A pesar de la imposición gradual del voto universal, de la libre participación de los ciudadanos y de la transparencia de los procesos electorales, es posible afirmar que el avance de los sistemas democráticos no es proporcional al grado de participación el día de los comicios. En los últimos años México ha avanzado de manera importante en la construcción de su democracia: el desarrollo de leyes, instituciones y procedimientos en materia político-electoral, la celebración de elecciones altamente competidas, y la alternancia y coexistencia de la diversidad política en todos los niveles de gobierno y en las diferentes legislaturas del país, por citar algunos ejemplos.

A pesar de estos logros, es evidente que prevalecen condiciones que impiden la consolidación de una vida plenamente democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos. Factores como la pobreza y la desigualdad, la desconfianza en los partidos políticos; disminuyen la participación de los ciudadanos.

Recordemos que la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales.

La idea del financiamiento público fue esencialmente el fortalecer la independencia de los partidos políticos frente a poderes fácticos, lamentablemente se ha distorsionado completamente, para los partido políticos el financiamiento público está garantizado, así que algunos dirigentes prefieren pagarse su salario y gastar en difusión personal.

Lo anterior, genera esa desconfianza. En tal sentido el profesor australiano John Keane, señala que el financiamiento público a los actores políticos es una parte importante para tener elecciones que sean propiedad de la sociedad. Este financiamiento tiene que anclarse en los principios de democracia, como es la “propiedad pública” es decir, la forma en que se toman las decisiones. Proteger y mejorar este principio es parte de sistema de financiamiento público.

Algunos autores nos llevan a esta reflexión, los institutos políticos deben transformarse y trabajar en torno a los temas que interesan a la sociedad, dar resultados, manejarse con honestidad, para impulsar la participación de la ciudadanía para que, con un rol más activo, garantice que ese poder obtenido de manera democrática en las urnas, se ejerza de manera incluyente y como resultado de una amplia deliberación pública.

La participación de la ciudadanía es un fiel reflejo de la negligencia de los institutos políticos para lograr mayor cultura política, también es necesario aumentar los requisitos para la existencia de los partidos políticos, al hacerlo se logra una disminución en el gasto público dirigido a las prerrogativas y enviarlo a gasto social

Una vez que sean gobierno, deben de tener, como dijo John Keane, la responsabilidad pública de decidir quién, cómo, cuándo se toman las decisiones, dentro de un sistema político, la propiedad pública es necesaria para proteger y mejorar este principio.

Ex presidente municipal de Querétaro y ex legislador federal y local. @Chucho_RH

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