Fuimos testigos de la segunda ocasión que nuestro presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, encabezó el Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917.

Ha transcurrido poco más de un año y tres meses de una nueva administración pública federal, la más disruptiva de que muchos de nosotros tengamos memoria; primigenios días que no fueron inerciales o improvisados y que han sido ocupados afanosamente para derribar anquilosadas formas y fondos de hacer gobierno, por demás inútiles para una gran parte de mexicanos.

Para aquellos a los que la celebración de nuestra Carta Magna, sobre sus orígenes, su espíritu, sus ideales y aspiraciones patrias no tienen ningún sentido, pues se encuentran inmersos en una rampante, crónica y sistémica situación de pobreza, totalmente contradictoria al discurso sobre la meritocracia que nos quisieron imponer hace décadas, aquel que señalaba que para salir adelante debíamos esforzarnos o tener talento.

Hoy sabemos que la movilidad social no funciona así, pues 9 de cada 10 personas que nacen pobres, así morirán, con independencia del esfuerzo que realicen o de lo brillante que pudieran ser, en contrasentido, el que nace rico, lo más seguro es que así terminara.

Necesitamos entonces de un gobierno comprometido con ellos, fuerte y decidido, con una visión de cambio profundo y real para los más de 55 millones de pobres que nunca fueron alcanzados por el desarrollo prometido, por cierto, 700 mil de ellos ubicados en nuestro supuestamente pujante, pero también desigual estado de Querétaro.

En su momento, la Constitución del 17 estableció las bases legales para volver al orden constitucional, siendo similar el escenario en que nos encontramos actualmente, y es deber de quienes integramos la Cuarta Transformación de la vida pública del país su fortalecimiento, pero mucho más allá de lo perfectible que sea la norma en el papel, debemos traducirla en bienestar para la población.

Pues el verdadero potencial de los cientos de reformas que se le han realizado no ha sido explotado a plenitud, quedando en muchos casos sólo como un ideario sin concretar. Y es que, si bien desde su concepción original se establecieron los fundamentos sociales con base en la demanda popular, el terrible entorno de la infame corrupción pública en los últimos sexenios minó cualquier esfuerzo que realizamos desde el legislativo los mexicanos para progresar. Así, la falta de honestidad de los gobernantes se configuró y se agudizó como una de las causas principales de este limitado desempeño de la ley.

Hoy más que nunca debe prevalecer la intrínseca relación entre sociedad, leyes y gobierno, sin duda, pero con bríos renovados, de combate frontal a la corrupción, en un entorno de austeridad y transparencia, con eficiencia y rumbo claro, en unidad nacional, con legitimidad gubernamental, retomando y reforzando los compromisos originales de nuestra Constitución federal alrededor de las conquistas agrarias, las relaciones obrero-patronales, la atención de las necesidades y derechos sociales, y el dominio de la nación sobre sus riquezas naturales.

Pero también sobre el desarrollo con inclusión, ausencia que se convirtió en uno de los detonantes estructurales de la descomposición social heredada por administraciones anteriores que aún hoy sufrimos, caldo de cultivo de la delincuencia, que adicionada con una desubicada y demente política que hundió al país en la guerra fratricida, nos perjudicó con un inédito clima de inseguridad y violencia que hoy queremos corregir adecuadamente, desde la trinchera del Legislativo de la Unión y con la operación del Gobierno Federal.

Hemos emprendido así, una nueva generación de reformas a nuestra ley fundamental, que la renuevan e impulsan en este cambio de paradigma que estamos emprendiendo, para bien de la mayoría. ¡No nos van a detener!

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